Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 448 mil 995 pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido aportaciones económicas en especie de su esposa Mariana Rodríguez sin haberlas reportado a la autoridad. Además, por estas razones, se multará al partido Movimiento Ciudadano con 55 millones 400 mil pesos.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE analizó la propuesta enviada por la Unidad de Fiscalización de dicho órgano electoral de contabilizar 45 fotografías y mil 300 historias de Rodríguez fijadas como “aportaciones prohibidas en especie”.
De acuerdo con la autoridad electoral el monto total de sus publicaciones fue de 27.8 millones de pesos, esto porque el costo unitario de las fotografías fue 40 mil pesos y de 20 mil la historia en Instagram.
El consejero Ciro Murayama explicó que este no es un tema de parentesco o matrimonio, sino de que Mariana Rodríguez tiene actividad empresarial y desde 2018 registró su nombre como marca y se registró como persona física con actividad empresarial en el SAT.
Por lo tanto, puso sus servicios publicitarios y su cuenta de Instagram, que tiene una función empresarial, al servicio de la campaña de Samuel García, lo cual debió ser reportado como gasto de campaña, ya que representó un beneficio para él.
Murayama ejemplificó que si un candidato tiene un familiar abogado o cantante o con una imprenta y usara sus servicios para una campaña electoral tendría que reportarlos, sin importar la relación de parentesco.
El consejero presidente Lorenzo Córdova agregó que el debate de que este cosifica a la mujer o es violencia política contra la mujer es falso, pues no se impidió que Rodríguez apareciera en espectaculares, eventos de campaña y spots de García. Ni se limitó su libertad de expresión.
En este caso, dijo, el punto central del tema es que Rodríguez usó su actividad empresarial y su cuenta de Instagram, que no es privada, sino que es su fuente de ingresos y tiene un carácter publicitario, para beneficiar la campaña de García sin que eso se haya reportado como aportación en especie como la ley lo exige.
Las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela coincidieron en que en este tema el asunto no es el tema del matrimonio, sino de un negocio, en este caso, una cuenta de Instagram, se puso al servicio de una campaña electoral.
En tanto, los consejeros Dania Ravel y José Roberto Ruiz Saldaña consideraron que el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización es deficiente y cosifica a la mujer.
A través de su cuenta de Twitter, García Sepúlveda expresó su malestar en contra de la multa, asegurando que todas sus acciones y propagandas fueron hechas con estrictos apegos a la ley electoral. Mariana Rodríguez, por su parte, acusó violencia político de género en su contra por parte del INE.
SAMUEL GARCÍA Y SU ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO
Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten domicilio fiscal.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, de manos de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
Las tres personas recibieron depósitos sospechosos de empresas litigantes y de bienes raíces, que no están inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, para posteriormente donarlos directamente a las arcas del partido naranja.
Por esta razón, la Unidad Técnica de Fiscalización propuso multar a MC con 28 millones 53 mil pesos, es decir, el 200 por ciento del monto de financiamiento ilegal involucrado, además de que pidió dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que abra una carpeta de investigación por este caso.
La triangulación de recursos se descubrió gracias a una denuncia presentada por el Partido Verde, aliado de Morena, en la cual se entregó como prueba una entrevista realizada en abril pasado a Samuel García, quien, en propia voz, admitió haber financiado su campaña con 20 millones de pesos que aportaron su mamá, sus hermanos y él mismo.
Lo anterior pese a que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León aprobó en enero pasado que el límite de aportaciones privadas a un candidato a gobernador debía ser de 7 millones 208 mil 634.
Los 14 millones 026 mil 500 pesos de financiamiento privado que detectó el INE no sólo superaron la cantidad permitida, sino que además no salieron de los bolsillos de sus familiares, sino de tres empresas privadas, de las cuales dos tienen un mismo domicilio fiscal.
