Por Arturo Soto Munguía

Si las acomedidas fuentes no fallan, este lunes amaneceremos con nuevo secretario de Gobierno en el gabinete de Alfonso Durazo.

Álvaro Bracamonte Sierra estaría cumpliendo el ciclo para el que fue designado y asumiendo la secretaría de Educación y Cultura, cargo al que aspiraba desde el inicio de la administración y al que estaba proyectado ‘naturalito’.

Aarón Grageda Bustamante estaría regresando a la academia, de donde nunca debió haber salido, según dicen personas cercanas a su entorno con quien solía quejarse de la poca paga y la mucha chinga que implicaba la responsabilidad de estar al frente de una de las dependencias que mayor presupuesto maneja, pero además donde hay muchas y graves responsabilidades, incluyendo aquellas que tienen que ver con el cabildeo de políticas educativas, diseños académicos y curriculares, así como lidiar con huestes sindicales y de proveedores, que rozan los linderos de la tentación de no pocos funcionarios y funcionarias que al calor de viejas inercias, sucumben al llamado de los ilegales pellizcos al presupuesto, comúnmente denominados corruptelas. El caso Cecytes es uno de ellos, aunque aseguran que no el único.

Suena fuerte para suceder a Bracamontes en el segundo cargo en importancia en el organigrama estatal, el actual jefe de la Oficina del Ejecutivo, Adolfo Salazar Razo.

Nada de esto está confirmado, pero el gobernador ha citado para este lunes a las 11 de la mañana a la rueda de prensa que habitualmente encabeza los martes, lo que ha dado pie a toda clase de especulaciones.

Y ya que estamos en ese plano, me permito aventurar una hipótesis sobre estos eventuales enroques.

II

Uno de los principales compromisos políticos adquiridos por el entonces candidato a gobernador, Alfonso Durazo (de hecho los adquirió desde que fue candidato al Senado, si no es que poco antes) fue con un sector cuyo peso político no tiene tanto que ver con su número como con su influencia en la opinión pública: el de maestros, investigadores, artistas, intelectuales…

Me refiero a la reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora, una espinita que después de 30 años aquellos que se opusieron a la llamada ‘Ley Beltrones’ traían aún clavada y que vieron en Durazo Montaño y el ascenso del movimiento obradorista la oportunidad de cobrarse lo que consideraron siempre una afrenta.

Ese sector apoyó más allá de sus fuerzas a la 4T y fue, por cierto, bien correspondido: candidaturas, cargos en la estructura gubernamental de los tres niveles de gobierno, incluyendo instituciones educativas llegaron para los aguiluchos, otrora marginados de la toma de decisiones de gobierno.

El secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes viene de esa generación de maestros a quienes tocó la resistencia a la Ley 4, y desde su oficina, fue el artífice de la reforma a la misma. No hubo nadie que estuviera, de principio a fin, más involucrado en lo que terminó siendo la Ley 169, apoyado, claro, por muchos más de aquella generación de activistas magisteriales y estudiantiles que hoy pasan lista como funcionarios públicos.

Y lo hizo muy bien. El trabajo fue impecable y sin punto de comparación con aquella reforma de 1991 que desató la revuelta universitaria a la que el gobierno estatal combatió a sangre y fuego, literalmente.

III

La Ley 4 permitió a sucesivos gobiernos estatales abrir una era de estabilidad y paz en su relación con la Unison, así fuera a costa de sacar a los universitarios señaladamente a los estudiantes, pero también a académicos, manuales y administrativos, de la toma de decisiones en sus campus, dejando estas en una reducida elite de notables y una muy nutrida legión de burócratas.

La Ley 169 llegó para retomar las dinámicas de participación en el cogobierno universitario por parte de los propios universitarios, pero ¡oh, sorpresa!, no despertó el interés de la comunidad universitaria después de 30 años de letargo.

La Ley 4 permitió a Beltrones copar los órganos de gobierno universitario con sus afines (o por lo menos con gente que no lo confrontaría) y eso les sirvió también a sus sucesores: Armando López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich no tuvieron mayores conflictos con el otrora combativo ‘nido de grillos’ que era la Unison.

La Ley 169 permitiría (de acuerdo a las proyecciones de Morena Universitaria) copar los órganos de gobierno de la Unison con afines al proyecto obradorista y por tanto, al de Alfonso Durazo Montaño.

Pero el resultado del primer proceso electoral bajo la nueva ley fue un fiasco. El sector más participativo fue, como era previsible el de los académicos y académicas aunque para ello su sindicato hubo de echar mano de ciertas prácticas otrora muy cuestionadas para promover la participación.

El sector estudiantil simplemente despreció las elecciones y su afluencia a las urnas apenas llegó al 25%. Y decir afluencia a las urnas es una alegoría, pues en realidad cualquier aguilucho podía votar desde su Smartphone, PC, laptop o tablet. Aun así el 75 por ciento de los estudiantes no votó, por las razones que gusten y manden.

Aunque hay que tomar en cuenta un dato. Más o menos la mitad de los alumnos de la Unison comenzaron sus carreras de manera virtual hace entre dos y tres años, producto de la pandemia. Es decir, si los que llevaban clases virtuales no tenían una idea clara de lo que eran estos procesos electorales, aquellos que recién se incorporaron a la dinámica presencial son absolutamente ajenos a los mismos.

Pero eso no fue lo peor. Si al gobernador le habían vendido la idea de que las elecciones arrojarían una Universidad copada en sus órganos de gobierno por personas afines a su proyecto, eso no sucedió.

En una primera aproximación a los números, los candidatos afines a Morena ganaron alrededor del 12 por ciento de los espacios en el Colegio Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Unison, donde las posibilidades de ‘empatar’ sus decisiones con las del gobierno no desaparecen, pero digamos que se diluyen.

En seis departamentos, los estudiantes no registraron planillas, incluyendo el de Historia y Antropología, cuna de Aarón Grageda. En el de Economía, cuna del secretario de Gobierno hubo empate entre dos viejos conocidos: Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Héctor Segura Ramos (ambos de izquierda, pero uno más de izquierda que otro jejejeje) para el Colegio Universitario.

También hubo empates en otros departamentos y eso se tiene que dirimir este lunes al filo de la una de la tarde, porque es el plazo para instalar el Colegio Universitario.

En general, la llamada Morena Universitaria fue derrotada ya por el abstencionismo, ya por el desinterés, ya por planillas no identificadas con la causa obradorista.

Por citar un par de casos al menos raros. En Hermosillo, donde el STEUS debió elegir un representante al Colegio Universitario, hubo cuatro planillas registradas. Y a los sindicalistas les ganó un empleado de confianza.

O en Psicología y Ciencias de la Comunicación, donde Morena postuló a una cuñada del diputado Jacobo Mendoza, esta fue avasallada por el doble de votos a manos de Manuel Tapia Fonllem, que en la narrativa morenista tampoco es de izquierda. O es de izquierda, pero ‘menos de izquierda’ ya que se identifica más con el PRD.

En fin, el punto es que las expectativas vendidas al gobernador por parte del secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte en el sentido de que Morena arrasaría en las elecciones de la Unison para copar los nuevos órganos de gobierno, no se cumplieron. Peor aún, dejaron a esos órganos de gobierno en manos de gente no comprometida incondicionalmente con el proyecto de Durazo y eso no es que necesariamente signifique un valladar para el gobernador, pero lo obligará a redoblar sus artes negociadoras frente a instancias que no se le cuadren tan fácilmente.

En resumen: Álvaro Bracamonte quizá le vendió al gobernador una idea que en el papel se veía irresistible, pero que en adelante quizá no sea tan atractiva.

Ahí podría estar una de las claves del relevo que, insisto, puede anunciarse este lunes. O quizá más adelante.

IV

Que El Potrillo Robles Pompa se fue a Morena es falso. Lo hizo, dice entrevistado telefónicamente, atendiendo la invitación de Adán Augusto López para formar parte de un grupo de apoyo llamado “Movimiento Integrador” que está sumando fuerzas de filiación variopinta.

Orgánicamente no pertenece a Morena, no se ha afiliado, de momento no piensa hacerlo, no ha renunciado al PRI y solo atendió la invitación de un amigo con quien coincidió en las curules de San Lázaro en la 61 legislatura federal.

Reconoce que en adelante le será más difícil reintegrarse al PRI, pero dice sin vacilaciones que apoyará la candidatura del tabasqueño.

Dijo más cosas, pero el espacio se acaba y mejor mañana les cuento, porque el asunto está caliente.

Tan caliente que el dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown fue uno de los primeros en salir a condenar la aparición del ex secretario de Gobierno de Claudia Pavlovich en un evento público de apoyo a un precandidato de Morena. Lo mínimo que le dijo es “desleal”, aunque “El Potrillo” dice que no es deslealtad apoyar a un amigo como Adán Augusto y en todo caso tendría que discutir con él el concepto de lealtad.

También me dijo que no le pidió parecer ni consultó a su exjefa Claudia Pavlovich para aparecer en ese acto con Adán Augusto.

El tema estará calientito en estos días por rumbos del PRI, aunque tengo la impresión que no tanto en Morena, donde “lo importante no es dónde venimos, sino a dónde vamos”, como bien dijo el gobernador Alfonso Durazo cuando en Guaymas le reclamaron por qué postulaban a Karla Córdova y no a Rodolfo Lizárraga (QEPD).

V

Les debemos los resultados de la excelente gira del gobernador Alfonso Durazo por el sur del estado donde dispersó recursos millonarios en programas sociales y entregó escrituras que dan certidumbre a la propiedad de miles de sonorenses a quienes nunca les había tocado.

Y bueno, también dejó policontundida la espalda de Lorenia Valles, la directora del DIF Sonora, con tremendo espaldarazo ‘en público de la gente’ cuando ponderó el trabajo que la funcionaria sigue haciendo al frente de la institución más humanista de todo su gobierno y que está a cargo, honorariamente desde luego, de su esposa, la señora María del Rocío Chávez.

También mencionó a otra funcionaria (a propósito de la venta de espejitos que el gobernador ya no compra) pero dijo que no le iba a echar porras porque luego se sube a un ladrillo. El que entendió, entendió.