Por Arturo Soto Munguía
Convertido en la pila de agua bendita donde (casi) todos metían la mano, el Isssteson ha aguantado el sistemático saqueo a sus finanzas al menos durante los últimos cuatro sexenios.
Aprovechando lagunas legales y con actitud ventajosa, cientos de funcionarios públicos se hicieron de pensiones ‘doradas’ que en algunos casos rozaban los 200 mil pesos mensuales.
Y como de ver dan ganas, todavía hace tres años había más de mil 500 demandas de funcionarios y exfuncionarios que reclamaban montos calculados a partir de sus ingresos brutos y no netos, un mecanismo que sirvió precisamente para acceder a esas megapensiones que hubieran sido la extremaunción para un instituto de por sí saqueado.
En su momento, Pedro Contreras López como director del Isssteson solicitó y obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo para desechar esas mil 500 demandas de personas que ya se frotaban las manos pensando en un retiro sobradamente holgado.
Fue un respiro para el Isssteson, aunque la sangría que representan las ‘pensiones doradas’ otorgadas en el pasado (casi siempre a funcionarios y funcionarias de primer nivel, bien relacionados políticamente con el gobernante en turno) no termina, ya que al no ser la ley retroactiva, el amparo no aplicó para ellos y ellas, aunque al desechar las demandas de nivelación de pensiones en curso, la institución se ahorró más de mil 500 millones de pesos.
Pero había otro problema. La legislación aún tiene una ventana por donde podrían colarse decisiones discrecionales del Ejecutivo para otorgar pensiones a personas que no les correspondan.
Ayer, el Congreso del Estado cerró la pinza para evitar en lo sucesivo nuevos saqueos al Isssteson al aprobar una ley que prohibirá al titular del Ejecutivo otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos legales, terminando así con los abusos.
El diputado Jacobo Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue el encargado de presentar esta iniciativa sostuvo que a pesar de que la legislación ya tiene candados para evitar estas prácticas discrecionales del gobernante en turno, todavía se presentan interpretaciones dolosas que han permitido el otorgamiento indebido de pensiones a personas que no cumplen con los requisitos para obtenerlas.
II
El colega y amigo Gustavo Valenzuela publicó antier el caso de un presunto fraude inmobiliario que podría involucrar al alcalde de Puerto Peñasco, Jorge Pivac en el robo de una valiosa propiedad frente al mar que habría sido despojada a dos inversionistas norteamericanos mediante triquiñuelas muy propias de la mexicana alegría con que suelen cometerse estos atracos.
Walter Blackman, integrante de la Cámara de Representantes de Arizona fue quien denunció los hechos allende la frontera, saliendo en defensa de Rick y Julie Hatch ciudadanos norteamericanos que adquirieron esa propiedad en 2013, pero en 2016 se enteraron de que alguien había quitado los carteles que identificaban la propiedad como suya y no solo eso, también habían solicitado un préstamo e hipoteca contra su empresa (Coca & Hatch Properties) el año anterior.
Obviamente el préstamo no se pagó y en 2015 se registró una nueva escritura que transfirió la propiedad a un nuevo dueño para liquidar la supuesta deuda.
De acuerdo con el congresista norteamericano, hay indicios que en esta operación están involucrados los hermanos Jorge y Herlinda Pivac Carrillo, el primero de ellos actual alcalde de Puerto Peñasco.
Para concretar esta operación presuntamente fraudulenta se simuló una reunión con varios asociados de la empresa de los Hatch; reunión que fue autenticada por un notario público, pero varios de esos participantes han negado que estuvieran presentes, dicen que falsificaron sus firmas e incluso, una de las que aparecen como parte de esa asamblea, Mercedes Coca murió en octubre de 2008.
“En esta ‘reunión’ simulada, los miembros del directorio de la compañía supuestamente nombraron a Roberto Trahin Rodríguez como ‘gerente general’ de la empresa, con autoridad para hacer contratos en la empresa beneficio.
“Sin embargo, Roberto Trahin nunca ha tenido ningún cargo en la empresa de los Hatches. Poco después de esta reunión fraudulenta, Trahin ejecutó documentos que indicaban que la empresa había tomado un préstamo y le otorgó una hipoteca al alcalde Jorge Pivac. Pivac transfirió alrededor de $300,000 a Trahin de una cuenta bancaria de Bank of America ubicada en los Estados Unidos, que era mucho menos que el valor real de la propiedad”, se lee en un comunicado difundido por el congresista norteamericano.
El tema le pega fuerte a la política de atracción de inversiones norteamericanas a Sonora, pues en Estados Unidos ya el tema ha trascendido en sectores económicos y políticos importantes, pues Walt Blackman ha solicitado a las autoridades policiales arizonenses que inicien una investigación sobre el alcalde rocaportense, quien, en otros espacios mediáticos que se ‘columpiaron’ de la nota de Gustavo Valenzuela se ha asumido como parte afectada y no como probable responsable.
Aunque el tema data de años atrás, la participación de Walt Blackman escaló el escándalo y ayer, la Fiscalía de Sonora informó que mantiene abierta una investigación por delitos de fraude específico y falsificación de documentos en perjuicio de la empresa Coca & Hatch Properties, en la cual ya se obtuvo una orden de aprehensión en contra del probable responsable, al que no identifica en el comunicado emitido anoche.
La fiscalía sonorense valida la versión del congresista norteamericano al precisar que “la operación fraudulenta consistió en simular una asamblea para otorgar un poder que se utilizó para obtener un préstamo otorgando en garantía un bien inmueble de dicha empresa”.
Adicionalmente al caso penal -agrega la fiscalía- se encuentra planteada por la empresa Coca & Hatch Properties, una demanda ante el juez civil de Puerto Peñasco solicitando la nulidad de la asamblea ficticia y de los actos posteriores.
“Como Fiscalía de Justicia mantenemos el compromiso de procurar la seguridad de los inversionistas y ciudadanos de Arizona así como de toda persona en general, interesada en desarrollar proyectos detonadores de la economía en nuestra entidad”, concluye el comunicado.
Esta historia continuará.