Por: Arturo Soto Munguía
Contra el mercadeo mediático del dolor y el sufrimiento ajenos se manifestaron los diputados del Congreso de Sonora al apoyar las modificaciones enviadas desde el Ejecutivo a la llamada Ley Ingrid que establece sanciones A FUNCIONARIOS PÚBLICOS que difundan imágenes de personas fallecidas en situación de investigación penal.
El tema se enredó en una primera modificación a un artículo del Código Penal realizada a finales de marzo pasado, y que dejaba abierta la posibilidad de que esas sanciones se extendieran hacia cualquier ciudadano y hacia periodistas en ejercicio de su labor informativa.
En realidad la reforma presentada inicialmente en Sonora solo retomaba las limitantes que ya existen en el artículo sexto constitucional para proteger la moral y la vida privada o los derechos de terceros, pero las ampliaba a las personas fallecidas que suelen ser captadas en imágenes que luego se difunden en medios de comunicación tradicionales y en las redes.
Los diputados dejaron claro que en ningún momento se trata de censurar ni obstaculizar a nada ni a nadie, pero parten de la premisa de que nuestra sociedad se ensucia y envilece si permitimos la difusión sin control de ese tipo de imágenes que solo alimentan el morbo, la cultura de la violencia y entorpecen en muchos casos el debido proceso legal cuando son permitidas o utilizadas por servidores públicos.
Las penalizaciones estarían dirigidas a éstos cuando infrinjan esta ley, y será mayor cuando se trate de imágenes que se relacionen con la muerte de mujeres, niñas o adolescentes.
Por cierto, todo México está atento a lo que suceda este martes, cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores aparezca de nuevo en su programa ‘Martes del jaguar’, ya que eventualmente podría cumplir su advertencia de difundir fotos comprometedoras de algunas diputadas federales que ellas mismas le habrían enviado al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a quien trae de bajada desde hace rato.
La expectativa crece pues la gobernadora podría incurrir en violaciones a la llamada Ley Olimpia, recientemente aprobada y que sanciona la difusión de ese tipo de imágenes.
A Layda Sansores el cumplimiento y respeto a la ley es algo que no le quita el sueño, pues de hecho los audios filtrados en los que se escucha al dirigente priista evidenciando no solo su florido y campechano lenguaje, sino participando de conversaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, fueron obtenidas ilegalmente.
Al ser ese su origen, tales conversaciones carecen de validez legal en un eventual juicio, pero la quemada ya no se la quita nadie, si es que alguna parte le quedaba sin rostizar al desacreditado dirigente nacional del PRI, al que por cierto las autoridades de migración ‘atoraron’ por más de una hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de su gira por Europa.
Nadie en su sano juicio metería las manos a la hoguera del descrédito en la que hoy arde Alejandro Moreno, pero siempre quedará en el aire la pregunta en el sentido de que si su bancada hubiera aprobado la reforma eléctrica del presidente López Obrador, le habrían enderezado esta campaña que terminará demoliendo no solo lo que le quedaba de reputación al campechano, sino dañando severamente a la alianza opositora si éste se mantiene como dirigente nacional del tricolor.
Las protestas y reclamos de algunas diputadas federales -a quienes doña Layda no mencionó por sus nombres-, hacen suponer que las imágenes sí existen y, de nuevo habrían sido obtenidas ilegalmente con fines de persecución política, lo cual es igualmente preocupante que la degradación y el escarnio a que serían sometidas las mujeres en cuestión si se difunden tales imágenes.
Ya veremos mañana.
II
A los 100 años de edad murió ayer el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Funeral sin pompa institucional, lejos de un acto de Estado, acompañado por familiares, amigos y muy pocos colaboradores.
Normal, para un exmandatario que llevó sobre sus espaldas la pesada losa de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, y buena parte de la llamada ‘guerra sucia’, un negro episodio de la historia mexicana plagada de asesinatos, desapariciones, tortura y represión a la disidencia, sobre todo de izquierda que encontró en las montañas y la clandestinidad en las zonas urbanas un escondite desde donde empujar sus demandas de cambio social por la vía de las armas.
A lo largo de las décadas, muchos de esos hombres y mujeres organizados en movimientos armados diversos fueron dejando esa vía para incorporarse a la legalidad y transitar por la ruta electoral. No son pocos quienes vieron cristalizados sus sueños en 2018 y hoy forman filas en el gobierno y en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ninguno de ellos recuerda bien a Echeverría y al contrario, consideran que debió ser procesado penalmente por delitos de lesa humanidad.
De hecho, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas exigió a la FGR reabrir las investigaciones contra el expresidente, por genocidio.
“Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se lo dejó en libertad bajó las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de las PGR ahora Fiscalía General de la República”, relató el Comité del 68.
Y apenas hacen bien en solicitar la reapertura de las investigaciones, aprovechando que ya andan reabriendo expedientes como el del caso Colosio.