Por Arturo Soto Munguía
No se habían cumplido ni 50 días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador cuando sobrevino la primera tragedia de su mandato. El 18 de enero de 2019 estalló un ducto de gasolina en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo.
La sola mención de este suceso nos remite a aquellas imágenes que la televisión y las redes sociales difundieron profusamente: decenas de hombres, mujeres, niñas y niños corriendo envueltos en llamas entre alaridos de terror, frente a la impotencia de militares que no se atrevieron a evitar con tiempo las labores de huachicoleo que los lugareños llevaban a cabo en una toma clandestina.
El saldo fue de 137 muertos, 69 allí mismo convertidos en carne carbonizada y 68 más en los hospitales. 13 más resultaron con lesiones.
La tragedia tomó al presidente de la República con el bono democrático intacto, lo que facilitó el control de daños políticos: se indemnizó a las víctimas y familiares, se prometió erigir un memorial del que se colocó la primera piedra en 2020 pero que no se ha concluido. Se culpó, desde luego a las administraciones anteriores por haber permitido y auspiciado el huachicoleo y el tema pasó a diluirse en la memoria social.
Entre la noche del lunes y la madrugada de ayer martes, una nueva tragedia sacudió al país. En Ciudad Juárez recientemente estremecida por un sangriento motín en una cárcel estatal, el edificio federal del Instituto Nacional de Migración fue un muestrario de estampas que documentan la existencia del infierno.
39 migrantes murieron abrasados por las llamas de un incendio provocado, según la versión oficial, por los propios internos que se enteraron de su pronta deportación a sus países de origen: Guatemala y Venezuela, mayoritariamente.
Un video registrado por las cámaras del propio edificio federal registró al menos a dos guardias que, ya con el incendio en proceso, salieron del lugar dejando a los migrantes encerrados en las celdas donde encontraron la muerte más horrible.
Es temprano para los juicios concluyentes pero los elementos con que se cuenta hasta ahora indican que de principio a fin se violaron todos los protocolos, medidas de seguridad y prevención; la ausencia de capacitación y a reserva de confirmar, exceso de irresponsabilidad y negligencia.
Horas después del siniestro este columnista consultó con un compañero radicado en Ciudad Juárez y me dijo que desde hace 15 días aproximadamente la gente comenzó a detectar una mayor presencia de migrantes en las calles: pidiendo dinero o cualquier clase de ayuda y, en algunos casos, molestando, acosando y agrediendo a mujeres. El municipio presionó al INM que antier lunes 27 de marzo comenzó a hacer redadas, llevando a su edificio a más de 150 migrantes.
Cabe decir que no se trata de un albergue, sino de una oficina de procesamiento, donde hay muy poco personal. Saturaron el lugar, sobrevino el motín y las imágenes de la tragedia ya le dieron la vuelta al mundo.
Este evento no es fortuito y sí pudo prevenirse. El tema de la migración siempre ha sido complicado pero comenzó a tornarse crítico desde que EEUU amenazó al gobierno mexicano con gravar todas sus exportaciones si no contenían la ola migrante. Una ola migrante, huelga decir, que durante el peñismo, los morenistas alentaron como una forma de evidenciar la incapacidad del gobierno priista y en protesta por la contención policiaca de ese mismo gobierno.
Incluso ya en el gobierno de López Obrador, no fueron pocos los personajes de Morena que siguieron facilitando el paso de los migrantes hacia EEUU. Todavía se recuerda aquella recepción que le hizo Layda Sansores a una caravana de migrantes en la que hasta mariachi les llevó y bailó con ellos en las calles en una ruidosa fiesta popular.
Luego vino el manotazo de Trump, la ‘doblada’ de Marcelo Ebrard y el cerco en la frontera sur mexicana a cargo del Ejército y la Guardia Nacional, que a todas luces y por lo visto ha sido insuficiente: más de dos millones de migrantes han cruzado el territorio nacional desde entonces.
Eso ha generado problemas de todo tipo sobre todo en los estados fronterizos, agravados tras el acuerdo binacional en el que México aceptó convertirse de facto en ‘tercer país seguro’, que no es otra cosa que recibir y mantener a 30 mil migrantes deportados mensualmente de EEUU hasta que resuelvan su situación legal.
El INAMI, dependiente de la secretaría de Gobernación ha sido castigado presupuestalmente en los últimos años; el flujo de migrantes desde centro, Sudamérica y el Caribe no se ha contenido y las deportaciones desde EEUU van en aumento.
Todo esto prefiguraba la tormenta perfecta que desató su furia la madrugada del lunes, con consecuencias aún impredecibles.
Tanto el presidente como el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores han lamentado los hechos, externado condolencias y asumido compromisos de no repetición, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá.
Obviamente, el asunto ya tomó el carril de la política y la sucesión presidencial. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, titulares de la SRE y Gobernación respectivamente, son dos personajes incluidos en la lista de ‘corcholatas’ que aspiran a suceder a AMLO en la presidencia.
La tentación de capitalizar políticamente la tragedia no es diferente a la que alimentó virulentas campañas contra gobiernos panistas y priistas en los casos de la Guardería ABC y Ayotzinapa, por citar dos de los más dolorosos en la memoria social.
A diferencia de la tragedia en Tlahuelilpan con sus 137 muertos abrasados por las llamas, los migrantes muertos quemados en Ciudad Juárez, encerrados en celdas bajo llave se registran en condiciones completamente distintas, al estar legalmente bajo la responsabilidad del Estado mexicano, en instalaciones del gobierno federal y a cargo de funcionarios federales.
Políticamente, además, el momento es opuesto. Tlahuelilpan apareció en el arranque del sexenio más prometedor de la historia moderna; Ciudad Juárez aparece en la recta final de ese sexenio, ya sobre el quinto año de gobierno de López Obrador y con la sucesión presidencial atizando todas las discordias propias de un proceso de ese tipo.
Nunca es buen momento para las tragedias, pero siempre habrá un peor momento para las mismas y este parece ser uno de ellos.
II
Sigue de amor la llama en el expartidazo, que ayer anunció la renovación de cuatro comités municipales entre los que se encuentra Hermosillo, donde se registró para el cargo de presidente Luis Miguel Vargas uno de los dirigentes de aquel movimiento contra el cobro de tenencia vehicular conocido como ‘Los Malnacidos’. Le acompañaría en la secretaría General Blanca Colosio.
Pa’ pronto, brincaron en redes sociales sus detractores dentro del mismo PRI aduciendo que nadie quería ese cargo y que al señor Vargas lo habían obligado a renunciar al gobierno de la 4T, donde estaba trabajando.
El propio Vargas se comunicó a este espacio para explicar que cuando él levantó la mano para competir sabía que cuando menos otros dos aspirantes harían lo mismo, pero al final se avanzó en un proceso de unidad “que es lo que más le conviene al partido en estos momentos”.
Aclaró que efectivamente laboraba en el Centro Federal de Conciliación, dependencia de la secretaría del Trabajo, donde tenía un contrato temporal por seis meses, que su pago era por honorarios y su labor se desarrollaba fuera de esas oficinas fungiendo como una especie de notario público que solo daba fe de los actos relacionados con la relación obrero-patronal.
Por lo pronto ya están encaminados los procesos de renovación de comités en Bavispe, Pitiquito y San Luis Río Colorado y por lo que se ve, esos procesos y los que faltan no estarán exentos de intensidades grilleriles.