EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
La ‘piola de cuota’ instalada nuevamente por los yaquis de Loma de Guamúchil (y algunos de Loma de Bácum) es el menor de los problemas que en estos momentos enfrentan el gobierno del estado y el gobierno federal en relación con la tribu yaqui. Detrás de él aparece una trama más compleja que puede dar al traste con el multi publicitado Plan de Justicia para la etnia.
Y el telón de fondo es una profunda división que existe en la tribu, a la que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes ni su brazo operador en Sonora, Hugo Aguilar solo han contribuido a agudizar reeditando viejas prácticas que fueron precisamente las que dieron pie a la dualidad de gobiernos tradicionales.
Hoy en día, solo cuatro de los ocho pueblos yaquis (Huírivis, Rahum, Tórim y Cócorit) tienen un gobernador electo según sus usos y costumbres; otros tres, Bácum, Vícam, Pótam y Belem tienen dos gobernadores y el caso de Vícam es paradigmático porque tiene tres.
¿Quiénes son los interlocutores reconocidos por el gobierno para acordar sus políticas públicas?
Esa pregunta se la hice el pasado lunes al gobernador Alfonso Durazo y me respondió que las autoridades tradicionales legítimamente electas y reconocidas por sus pueblos.
Y está bien, si no fuera porque en todos los casos donde hay gobernadores duales cada uno de ellos se asume como depositario de esa representatividad y tiene su propia tropa. Más aún, existen liderazgos que sin ser producto de una decisión plebiscitaria inciden en sus comunidades a propósito de temas importantes.
Por citar solo algunos, el de Mario Luna Romero cabeza de un grupo notable apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que mantiene vivo el litigio contra el acueducto Independencia. Ese grupo se está reorganizando y sumando apoyos para relanzar la demanda de su cancelación como una condicionante para la implementación del Plan de Justicia para la etnia. De hecho, en la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio hijo del General Lázaro Cárdenas se lo hizo ver frente a frente.
Dentro de este grupo, al que en la etnia se le conoce como ‘Los Chipilones’ por el buen trato que recibieron durante el sexenio pasado, ya surgieron diferencias y también se encuentran divididos.
Hay otro grupo en el que aparecen liderazgos como el de Martín Valencia, Guadalupe Flores, Anabela Carlón, todos ellos asesorados por el maestro Rodrigo González, que mantienen una lucha contra el gasoducto de la empresa Lenova, desde el pueblo de Loma de Bácum y que de hecho lograron desviar el curso de su instalación.
A partir de 2010 la lucha de los indígenas contra el acueducto Independencia fue un factor de cohesión que aglutinó a la mayoría de los liderazgos yaquis que a su vez fueron apoyados por los productores agrícolas y otras organizaciones de la sociedad civil cajemense. El gobierno de Guillermo Padrés, buscando legitimar su proyecto se apoyó en algunos gobernadores, lo que atizó más la discordia.
Una discordia que no ha cesado desde entonces y que se manifestó de nueva cuenta en octubre de 2016 cuando se enfrentaron habitantes de Loma de Guamúchil y Loma de Bácum en un episodio violento que dejó saldo de una persona muerta, varios lesionados y uno más en la cárcel: Fidencio Aldama, que aún permanece preso acusado de homicidio tras esos hechos. Los cajemenses ya no acompañaron a los yaquis en la lucha contra el gasoducto y eso también contribuyó a la división.
El Plan de Justicia para la etnia anunciado por el presidente de la República es el más ambicioso que se recuerde desde el gobierno del General Cárdenas y sin embargo, enfrenta resistencias en una parte de la tribu, básicamente por una razón: hasta hoy se ha quedado en palabras y maquetas.
El plan incluye la creación de un distrito de riego para el territorio yaqui pero no se tiene ni idea de cómo se va a administrar; tampoco se sabe si la cuota de agua prometida se vaya a cumplir pues eso no depende de un decreto sino de la disponibilidad del vital líquido. Y eso sin contar el conflicto que pueda suscitar con sus otrora aliados, los productores agropecuarios cajemenses que advierten una disminución en los volúmenes para su distrito de riego.
Se incluye también un acueducto para llevar agua a las comunidades yaquis, pero ya existe uno que lleva agua desde la presa El Oviáchic hasta Guaymas y que eventualmente ha sido bloqueado por los indígenas que nomás ven pasar el tubo pero en sus comunidades tienen serios problemas de desabasto de agua potable y ni se diga de drenaje.
El plan también incluye la construcción de un hospital cuya maqueta ya fue presentada; de varias clínicas y escuelas, así como obras de infraestructura hídrica, pero en la tribu comienza a campear la desconfianza de que todo se trate de historias repetidas en las que se ha prometido todo y no se ha cumplido prácticamente nada.
Peor aún, acusan a Adelfo Regino y Hugo Aguilar de operar de manera muy similar a sus antecesores, repartiendo dinero, carros y otras prebendas entre gobernadores y liderazgos afines para legitimar el Plan de Justicia, como en su momento lo hicieron otros gobiernos en los casos del acueducto Independencia y el gasoducto.
Operación estatal no hay. La titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), Griselda López ha tenido un perfil tan bajo que casi nadie se acuerda de que es la nueva titular de ese organismo donde relevó a Antonio Cruz Casas, quien sigue apareciendo en el portal de la CEDIS como el comisionado.
Recientemente, el gobernador Alfonso Durazo anunció la reubicación de la caseta de cobro de Esperanza y un programa para destinar una parte de lo allí recaudado a las comunidades indígenas, aunque no precisó ni el lugar a donde sería reubicada, ni el monto de esos recursos ni los criterios para determinarlos.
Todas esas ambigüedades en un Plan que aparece como un magnífico acto de justicia para la etnia, han comenzado a levantar resquemores en la tribu y de hecho, es el motivo por el cual los yaquis de la Loma de Guamúchil volvieron a tomar la carretera para instalar su ‘piola de cuota’, apenas unos días después de que el gobernador Durazo anunciara un acuerdo para levantar esa toma.
Entre las ambigüedades del gobierno y la profunda y añeja división en la tribu, que dificulta la interlocución, comienzan a sonar tambores de guerra en territorio yoreme.