Arturo Soto Munguía
El tribunal popular ya acusó, juzgó y condenó a Hilario “N”, el presunto feminicida de Alma Lourdes, joven cajemense a la que habría asesinado de tres balazos en un artero ataque después de que esta lo confrontara reclamándole actos de acoso sobre su hermana menor.
Utilizo el modo convencional simple del verbo haber porque, a contrapelo del reclamo popular, se presume inocente hasta no ser sentenciado y los hechos mismos son, legalmente presunciones hasta no ser acreditados.
Hay, a no dudarlo, una presión social inmensa sobre la Fiscalía estatal y eso llevó al vicefiscal Ramón Tadeo Gradías a declarar que el imputado por los delitos de acoso y feminicidio podría alcanzar una pena de prisión máxima de 78 años. Se infiere que la Fiscalía trabajará en ese sentido.
Sin embargo, el derecho penal no juzga por mayoría de razón, pues lo que prevalece es la verdad material sobre la verdad formal, esto, dicho por un abogado se traduce al lenguaje coloquial como “lo que no existe en la carpeta de investigación no existe en el mundo”.
Ahora, y aunque política y mediáticamente suene incorrecto toda vez que la sociedad ya ha dado su veredicto y el crimen acumuló en dos días más adjetivos descalificativos que un periodista conservador en todas las mañaneras del sexenio, el imputado puede alegar en su defensa atenuantes y excluyentes que podrían aminorar la pena en caso de resultar sentenciado.
La edad, por ejemplo, o algún trastorno mental transitorio ocasionado por enfermedad tienen que ser considerados en este caso. Y ojo, mucho ojo: nada más lejos de que esta columna pretenda representar el papel de ‘abogado del diablo’, Dios me libre (valga la bíblica antípoda), pero el caso puede estar más complicado de lo que aparenta.
Se ha dicho que el juez puede considerar la peligrosidad del sujeto para mantener en prisión preventiva al imputado y para desechar la prisión domiciliaria, pero esto es algo que también debe acreditarse.
Y no es que el imaginario colectivo carezca de elementos subjetivos para considerar tal peligrosidad: alguien que porta y dispara una escuadra .38 Súper (poderosa y letal) contra una mujer desarmada y que suplica perdón no merece -ha determinado el tribunal popular- ninguna atenuante ni excluyente.
Pero, a menos que nos situemos en esa muy cuestionada postura de que ‘no me vengan con que la ley es la ley’, la justicia debe considerar todas esas aristas, incluyendo aquellas relacionadas con un juicio con perspectiva de senectud.
El drama del pasado sábado en Cajeme es un caso en el que, decíamos ayer, todo salió mal. El imputado tenía, de acuerdo al testimonio de otros actores en este drama, varios días acosando a una hermana de la muchacha asesinada. No hubo, sin embargo, una denuncia previa que quizás hubiera derivado al menos en una orden de restricción.
Y no hubo denuncia por otra realidad de a kilo: la gente no confía en las instituciones de justicia y sabe, por experiencia propia o de otras personas, que para recibir atención en las agencias del ministerio público pueden pasar días, semanas o meses. La cultura de la denuncia es un mito genial en Sonora y en todo México.
Otro fallo en la Matrix: se hizo la denuncia al 911 minutos después de la primera confrontación entre víctima y victimario, el sábado por la mañana. La versión de testigos es que los agentes de policía no acudieron al lugar; otra versión, en este caso del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque dice que sí acudieron pero no actuaron por no registrar flagrancia.
Pero tampoco hubo, hasta donde se sabe, elaboración del respectivo Informe Policial Homologado, y si lo hubo, este no derivó en una carpeta de investigación o un mínimo seguimiento del caso.
Entre la primera confrontación y el fatídico momento en que el imputado regresa y asesina a Alma Lourdes pasaron varias horas en las que todos, civiles involucrados en este episodio y agentes de la ley, desestimaron la posibilidad de que los acontecimientos tomaran el rumbo que tomaron.
La Fiscalía está obligada a acreditar todas las imputaciones y a sentenciar ejemplarmente al presunto responsable, pero también se cometieron errores de procedimiento que pueden considerarse violatorios al debido proceso y a la protección de datos personales.
Hay, por ejemplo, un video de policías municipales interrogando al imputado, una vez que fueron a su casa a convencerlo de que se entregara. Hay un diálogo que se da en ausencia de un abogado y también están las imágenes difundidas viralmente en las redes sociales.
Todo eso puede obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, que por cierto está sujeta a una tremenda presión social, porque si no consigue siquiera mantenerlo en prisión, eso tendrá costos políticos y sociales incalculables.
Este y no otro capítulo de la incipiente historia del fiscal Gustavo Rómulo Salas al frente de la dependencia procuradora de justicia, será su verdadera prueba de fuego.
El caso de Alma Lourdes desnudó los vacíos y deficiencias de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, eso ni duda cabe.
II
Al vuelo pasó el gobernador por Palacio para encabezar rápidamente el evento de entrega de certificados a incubadoras empresariales creadas entre universidades y centros de negocio independientes que buscan consolidarse como nuevas empresas y avanzar bajo un modelo exitoso de negocios.
Son 21 emprendedores que participan en 38 incubadoras que a su vez benefician indirectamente a más de 500 emprendimientos; este es un programa de la secretaría de Economía que encabeza Margarita Vélez de la Rocha, a quien por cierto acuerparon bien tanto el gobernador como el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien al referirse a ella la definió como una mujer “que no tiene botón de apagado; es muy trabajadora”.
Los reconocimientos a la funcionaria se debieron escuchar lejos (o quizá no tanto) pero seguro llegaron como mensaje a promotores de fuego amigo que en las últimas semanas han dirigido dos misiles contra la humanidad de la cajemense, que por lo visto los aguantó a pie firme.
Primero filtraron la versión de que ya estaba listo su relevo en la persona de Francisco Acuña Méndez, actual titular de CODESO, lo cual fue negado por el mismísimo gobernador un par de días después; y luego le soltaron una puñalada trapera con el retiro de una inversión de 80 millones de dólares que la empresa De Luna Lithium tenía programada para Sonora, pero decidió llevársela a la Ciudad de México argumentando falta de atención y lentitud en los trámites.
El golpe estuvo muy sospechoso si se considera que es precisamente el tema de la desregulación el que ha ocupado la agenda de Margarita Vélez, que asumió el cargo apenas el 26 de enero pasado y en solo seis meses ya le han colocado dos dianas de fuego amigo sobre sus espaldas.
Sobre este tema la secretaria ya salió a aclarar que el proyecto de esa empresa nunca fue presentado oficialmente y el interesado no atendió tres invitaciones a reunirse para darle trámite al proyecto; aun así, dijo, las puertas siguen abiertas por si De Luna Lithium reconsidera el destino de esa u otras inversiones.
Estuve tratando de averiguar de dónde podría venir el ‘fuego amigo’ sobre la secretaria, pero sólo obtuve risitas maliciosas y hombros encogidos.
Si algo hay de eso, ya se sabrá. Lo cierto es que el evento de ayer sirvió también para mostrar que la firma más fuerte de palacio, y la del segundo de a bordo la respaldan.
Lo cierto es que el gobernador no quiso dejar pasar este evento y así fuera de pisa y corre, tocó la base y partió rumbo al sur del estado, donde unas mil 200 familias se vieron afectadas por el paso del huracán Hilary, que provocó sobre todo daños en sus viviendas, pero afortunadamente no cobró vidas humanas .
A diferencia de Baja California y BCS, donde algunas poblaciones fueron azotadas duramente por el fenómeno, en el sur de Sonora solo hubo afectaciones relacionadas con inundaciones no graves y cortes en la energía eléctrica y el servicio de agua potable en Pueblo Yaqui, Navojoa, Benito Juárez y Huatabampo, que ya están siendo atendidas por dependencias de los tres niveles de gobierno.