Por: Arturo Soto Munguía.
La suerte de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República está echada, su destino escrito: será ‘bateada’ en la cámara de diputados; él lo sabe y parece, como en el caso de la reforma eléctrica, no importarle tanto.
Esta reforma, como la eléctrica y la que viene sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena habrían pasado sin mayor trámite en la pasada legislatura cuando Morena y sus aliados -incluyendo a perredistas, petistas, pesistas y verdes que se sumaron a su bancada-, tenían la mayoría calificada que les habría abierto brecha holgadamente.
En la segunda mitad de su mandato y pese a mantener altos niveles de popularidad el presidente sabe que la fuerza del tsunami 2018 ha disminuido considerablemente; quizás no para poner en riesgo la continuidad de su proyecto en 2024, pero sí para menguar lo que fue un movimiento arrasador.
Los resultados electorales de 2021 -especialmente las derrotas en Ciudad de México, el desaire a la consulta de revocación de mandato y el efecto unificador que en la oposición ha provocado su idea de que el país puede funcionar sin ellos-, más el desgaste natural de todo ejercicio de gobierno han mandado señales en ese sentido.
Aunque la reforma propuesta contiene temas que deberían ser de obligada discusión en la cámara y sobre los que se tiene que legislar tarde o temprano, como el financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de plurinominales; la sustitución del INE y la desaparición de los organismos electorales locales, la escalada de confrontación entre el gobierno y los partidos opositores ahuyentan cualquier posibilidad de que siquiera se discuta.
Así, más que un interés legítimo por modernizar el marco legal electoral, la reforma terminará convertida en otra bandera para ondear en todos los frentes de las batallas electorales que vienen, reforzando la narrativa que ha distinguido al actual gobierno federal, ahora relanzada como un choque entre patriotas y traidores a la patria.
La iniciativa parece diseñada justamente para ello. ¿Quién que no ame a México estaría en contra de reducir sustancialmente el financiamiento a esa cueva de ladrones que son los partidos políticos? ¿Quién en contra de eliminar a esos flojonazos y gastalones diputados plurinominales? ¿Quién, que se precie de demócrata podría estar en contra de que consejeros y magistrados electorales sean electos en las urnas por el voto popular?
En la lógica del reduccionismo que suele alimentar la narrativa oficial, nadie. O mejor dicho, solo los traidores a la patria, los que quieren mantener sus privilegios y los que no quieren dejar atrás la larga historia de los fraudes electorales.
Pero el diablo está en los detalles. El debilitamiento financiero de los partidos políticos, señaladamente los que no están en el gobierno y no disponen del aparato de Estado para trampear el presupuesto e incidir en los procesos electorales, le conviene obviamente al partido en el poder.
Eliminar a los plurinominales borraría de un plumazo la representación de las minorías ayudando a imponer la visión hegemónica del partido en el gobierno. Cierto que los ‘pluris’ se han ganado una proverbial mala fama, pero eso tiene que ver más con la perversión de los procesos internos en los partidos para designarlos bajo criterios mafiosos de sus corrientes más empoderadas, y no con el principio de llevar a la Cámara a los hombres y mujeres más comprometidos y más calificados en la cosa pública.
En las actuales circunstancias, elegir a consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular, bajo el criterio de propuestas emanadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial terminaría, dada la composición de esos poderes, enviando a las urnas al menos a un 80 por ciento de personajes identificados con el oficialismo. El INE y el TEPJF serían fácilmente copados por afines al gobierno en turno.
Todos esos temas y el resto de los que componen la iniciativa propuesta tendrían que ser discutidos, analizados, negociados en un debate amplio y documentado para alcanzar acuerdos que se traduzcan en el fortalecimiento de la legislación electoral.
Pero ni el gobierno tiene intención de ceder en sus propuestas, ni la oposición de aprobarlas tal como fueron presentadas. Por el contrario, el gobierno necesita esa nueva bandera para arreciar su campaña contra la oposición, y a ésta le urge un nuevo episodio para probar que el gobierno y su partido ya están ‘tocados’ y en el camino de una nueva derrota en la cámara.
Así, el asunto va para largo.
II
Después de una larga jornada de negociación con autoridades del INEA, el sindicato de trabajadores de esa institución, adheridos al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos decidió prorrogar el estallamiento de la huelga programada para este viernes a las diez de la mañana.
La dirigente de ese sindicato en Sonora, Carmen Alicia Ordiales Montes informó que tomaron la decisión de emplazar la huelga para el 31 de mayo, haciéndola coincidir con el emplazamiento que a nivel nacional tienen por revisión salarial.
Durante la mesa de negociación de ayer se logró avanzar en un par de puntos del pliego petitorio que mantienen los trabajadores del ISEA, pero la mayoría de las demandas quedan pendientes.
Explicó que las condiciones laborales de los trabajadores se han visto afectadas por la nueva administración que encabeza María Engracia Carrasco Valenzuela, quien llegó replicando el discurso anticorrupción de la 4T, pero hasta el momento no ha comprobado un solo caso, ni ha abierto expedientes para probar sus dichos. Más aún, a varias personas que ocupan cargos de dirección desde la pasada administración y que fueron señalados como presuntos corruptos, los mantiene en sus cargos.
La dirigente sindical precisó que existen varias violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo relacionadas con el pago de prestaciones, puntualidad mensual, anual y semestral para técnicos docentes (a quienes se les adeuda el pago de algunos meses del año pasado) y notas buenas de trabajadores cumplidos.
Esos técnicos docentes, que son quienes realizan el trabajo de campo, han tenido que ‘poner de su bolsa’ para realizar su trabajo porque no les dan ni para la gasolina. En el único punto que se avanzó es en el de ocupación de plazas, y el acuerdo consiste en que solo serían ocupadas las vacantes por fallecimiento. Los procesos de escalafón se encuentran detenidos desde marzo de 2020.
El ambiente laboral en el ISEA, además, se ha enrarecido por actitudes hostiles en las que han menudeado las amenazas de despidos bajo el argumento de las autoridades, de que una parte del personal que tienen años trabajando en la institución, mantienen prácticas de corrupción que, sin embargo no han sido comprobadas.
El ISEA tiene una plantilla laboral de 187 trabajadores y trabajadoras.
El emplazamiento a huelga queda pendiente para el 31 de mayo.