Por: Arturo Soto Munguía
Que el gobernador Alfonso Durazo le aligera mucho la carga dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su recién concluida gira de trabajo por Sonora.
Y debe ser verdad, porque hasta el momento algunos programas insignia del gobierno federal como el plan de justicia para Cananea (cuyo creador es el propio Durazo), y el plan de justicia para la etnia Yaqui van avanzando, y acaso motivado por ello el presidente anunció también planes de justicia para las etnias seri y mayo.
Pero particularmente en la agenda indigenista el presidente le dejó al gobernador dos tareas que no son menores y sobre las que ya debe estar trabajando horas extra, arrastrando el lápiz, consultando asesores y buscando alternativas.
Una de esas tareas borda sobre el bloqueo carretero en territorio yaqui. El presidente esbozó una propuesta en el sentido de que el gobierno federal destine una cantidad de recursos similar a la que se recauda con el boteo en las llamadas ‘piolas de cuota’ y se adjudiquen a los pueblos yaquis.
La propuesta está más o menos encaminada, pues desde hace meses se planteó destinar un porcentaje de los recursos que ingresan a la caseta de cobro que opera Capufe en Esperanza, y solo faltaría definir montos y criterios de distribución.
Pero sobre todo, y aquí es donde el asunto puede atorarse, falta resolver el tema de la interlocución con la etnia, pues como se sabe hay allí una añeja división que es uno de los principales frenos a los programas gubernamentales. El ingrediente de una eventual presencia de personas ajenas a la tribu y presuntamente ligadas a grupos del crimen organizado es otro de los nudos de esta madeja.
Una madeja que debe desenredarse porque a su vez afecta a otros dos proyectos como lo son la creación de una zona económica especial a los costados de la carretera, donde se instalen empresas maquiladoras que ya emplean a unos tres mil hombres y mujeres de los pueblos y comunidades, pero éstos deben viajar diariamente hasta Guaymas y Empalme para cumplir su trabajo.
El otro proyecto es un parador turístico con restaurantes, servicios, venta de artesanía, que sería administrado por integrantes de la tribu y del cual saldrían los recursos para financiar el manejo de obras hidráulicas en beneficio de las comunidades.
Propuestas y programas hay, falta nada más que los hermanos yaquis se pongan de acuerdo, se arremanguen la camisa y le entren al trabajo fecundo y creador.
Con los seris, un día antes el presidente y el gobernador ponderaron los apoyos en forma de becas estudiantiles y la revisión de los planteles escolares; el acondicionamiento de los centros de salud en Punta Chueca y El Desemboque garantizando el abasto de medicamentos, así como el suministro de agua potable a través de pozos.
Pero donde la puerca torció el rabo fue cuando al presidente le entro la vena ecologista y esbozó una propuesta para dejar de cazar venado bura y borrego cimarrón; cancelar la actividad cinegética y sustituirla por ‘safaris fotográficos’ donde los turistas disparen a los animalitos con sus cámaras y no con sus rifles.
A la propuesta no se le puede escatimar la buena fe y la mejor intención, pero de acuerdo a mis contactos en la Isla del Tiburón, va a resultar contraproducente. El problema no es el dinero. Los seris obtienen unos diez millones de pesos anuales por los cintillos de caza, una actividad que está normada por las autoridades estatales y federales para proteger las especies, cazando solo ejemplares machos y viejos.
Pero apenas ayer domingo había instalados en la Isla al menos seis campamentos de cazadores furtivos que obtienen permisos verbales de parte de algunos integrantes de la etnia y realizan la actividad cinegética fuera de todos los protocolos establecidos. Ya se ha denunciado ante Profepa y Sagarpha pero la respuesta obtenida es que ‘no tienen recursos para ir a supervisar’.
El problema, insisten, no es el dinero. El gobierno federal puede disponer de esos recursos reorientándolos de alguna partida, de algún fondo o bolsa. El problema es que la actividad cinegética está regulada; existe un censo que acaban de realizar y que contó a 680 cimarrones; de ellos solo se otorgaron permisos para cazar 12. Los permisos cuestan alrededor de 40 mil dólares y los cazadores deben cumplir una serie de requisitos que no todos están en condiciones de presentar antes y después de la caza, para poder exportar sus trofeos.
Eliminar la caza solo potenciaría el furtivismo, se matarían más animales quizás indiscriminadamente y la falta de vigilancia y supervisión provocaría un descontrol en la actividad. Sustituirla por un ‘safari fotográfico’ dejaría menos recursos y mucha contaminación, sostienen.
Por lo pronto, el presidente ya le dejó esas dos tareas al gobernador: levantar los bloqueos carreteros en territorio yaqui y aterrizar un proyecto eco turístico en territorio seri.
II
El tema de la casa de Houston donde vivió el primogénito de Andrés Manuel López Obrador tomará un nuevo impulso esta semana. Todos los gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México publicaron ayer un desplegado en el que cierran filas en torno al presidente, le manifiestan su respaldo y sostienen que los ataques provienen de grupos políticos del pasado que perdieron sus privilegios en este gobierno.
Además, tanto José Ramón López Beltrán como su esposa Carolyn Adams difundieron sendas cartas explicando que no hay nada ilegal en la ocupación de la ya famosa residencia.
López Beltrán sostiene que desde 2020 trabaja como asesor legal en la empresa KEI Partners a través de la cual recibió su visa de trabajo TN. “Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, dice en una carta publicada en su cuenta de Twitter.
Adams, por su parte escribió que “Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es FALSO”.
Después de dar su versión sobre la renta de la casa concluye: “Espero que todos los que crearon esta lamentable NOTICIA FALSA encuentren paz en sus corazones”.
Pero evidentemente las cosas no van a parar aquí. Las aclaraciones, señaladamente la de José Ramón dejaron más dudas que certezas, y todo un ejército de ‘stalkers’ se dedicó a rastrear en las siguientes horas el perfil y los antecedentes de la empresa que lo contrató y su inscripción en la barra de abogados de Texas, un requisito indispensable para ejercer esa profesión en Estados Unidos.
Se encontraron además con que la página de la empresa KEI Partners fue creada apenas antier. La empresa es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, dueño del Grupo Vidanta dedicado al desarrollo de los mejores destinos turísticos, hoteles resorts, campos de golf, inversiones de bienes raíces, infraestructura turística y experiencias de entretenimiento.
En Sonora se conoce a Daniel Chávez Morán por ser quien donó las dos mil hectáreas donde estará ubicada la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco.
El tema del primogénito, por lo visto seguirá en la agenda pública durante más tiempo.