Por: Arturo Soto Munguía
El Congreso del Estado puso a chambear al secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante y le dejó tarea.
Fueron los diputados y diputadas infantiles quienes hicieron un pronunciamiento para que la secretaría a su cargo realice las acciones necesarias para garantizar el acceso a internet y al uso de las tecnologías de la información en las escuelas urbanas y rurales del estado.
El tema no es menor. La pandemia de Covid19 vino a poner en el mapa de la discusión pública la brecha tecnológica, los retos de la educación a distancia, las competencias docentes y las nuevas dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje en situaciones inesperadas, inéditas.
Como suele ocurrir en cada edición de este evento anual que comenzó en la legislatura 1997-2000 a propuesta del diputado perredista Juan Manuel Ávila Félix, los pequeños legisladores y legisladoras no dejan de sorprender con su agudeza y sagacidad, al grado que se ha vuelto un lugar común en estas fechas decir que bien harían algunos de ellos (y ellas) en quedarse a ocupar la curul que los mayores (algunos, claro) solo van a calentar dos veces a la semana en el recinto legislativo.
Y es que los niños y niñas que en vísperas del 30 de abril asumen funciones legislativas son electos en sus escuelas mediante procesos que consideran básicamente tres cosas: promedio aprobatorio, buena conducta evaluada por personal docente y facilidad para expresarse, pero además también pasan la prueba de las urnas al competir con otras propuestas en sus respectivos planteles escolares, donde se elige propietario y suplente, en procesos organizados y supervisados por el INE y el IEE.
Esto resulta sumamente didáctico para los escolapios, como introducción a las bases de la cultura democrática, que se refuerza con una capacitación por parte de esas mismas autoridades.
El tema de esta edición, acertadamente fue la evaluación de la educación a distancia que vino a replantear entre otras cosas, métodos, técnicas y contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje, obligados todos por el confinamiento al que nos obligó la pandemia, y de ese análisis fue que surgieron los exhortos.
Uno, para garantizar el acceso a internet y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema que realmente hizo crisis en los momentos más duros del confinamiento, sobre todo en los sectores más pobres donde hasta los docentes carecen de esas herramientas.
El otro exhorto no es menos serio: garantizar el regreso a clases presenciales de manera segura, y un tercero para que la SEC reconozca a maestros y maestras que pasaron por este complicado proceso de hacer posible la educación a distancia.
En sus participaciones en la tribuna legislativa, los pequeños y pequeñas hicieron el relato de los avatares que tuvieron que vivir en este proceso, especialmente en zonas rurales y marginales urbanas donde no se cuenta con acceso a la red y los dispositivos son insuficientes en caso de que los haya.
“En resumen, la educación a distancia ante la contingencia sanitaria representa una prueba para la sociedad, lo que nos deja claro que es necesario que nuestros planteles escolares cuenten con una red de Internet en las escuelas, que los alumnos y las alumnas sonorenses tengan acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes”, puntualizaron.
La bola queda en la cancha de la SEC y su titular, Aarón Grageda, que tiene ante sí la oportunidad de responder a estos planteamientos.
II
De terror, los datos difundidos ayer por el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi a propósito de la violencia que viven las mujeres en nuestro país donde al día de hoy, más de 24 mil mujeres permanecen en calidad de desaparecidas y los delitos en su contra alcanzaron el máximo desde que comenzaron a contabilizarse en el año 2015.
Concretamentet los delitos de extorsión, corrupción de menores y violación se encuentran en sus máximos históricos al mes de marzo de este año.
En el caso de extorsión, en el último mes se rompió récord de casos registrados, al reportar 334, superando así las 327 denuncias de agosto del 2021; la cantidad más alta desde que se comenzó a contabilizar este delito en 2015.
Otro delito que mostró un alza fue la corrupción de menores, que según las cifras oficiales sumaron 193 en marzo, la que también es la cantidad más alta de que se tenga registro.
Asimismo, las carpetas de investigación por el delito de violación sumaron 2 mil 287, la cantidad más alta desde 2015.
Por su parte el Inegi informó que entre el primero de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021 un millón 110.7 mil mujeres sufrieron algún tipo de violencia en México y fueron atendidas en los Centros de Justicia para la Mujeres (CJM), revelan datos publicados por el Inegi.
Los CJM reportaron que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, atendieron por situación de violencia a 423 mil 177 mujeres en 47 centros. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 atendieron a 392 mil 743 mujeres en 50 centros, mientras que del 1 de enero al 30 de junio de 2021 reportaron 294 mil 790 mujeres atendidas en 53 centros.
El caso de la joven Debanhi Susana Escobar detonó el tema, pero aunque suene duro es apenas uno de los miles de episodios de violencia: asesinatos, levantones, secuestros, violaciones contra mujeres en México.
El panorama que pintan estas cifras es desolador, pero lo es aún más el desdén institucional para atender este fenómeno que diariamente está cobrando vidas y sumiendo en la angustia a miles de familias. Las mujeres no son prioridad en este gobierno, queda claro.