Por: Arturo Soto Munguía
El ejercicio de consulta llevado a cabo el pasado domingo tiene, entre todos aquellos puntos oscuros que han sido severamente criticados, una parte rescatable: la intención de fomentar entre los ciudadanos la participación en la definición de políticas públicas sobre temas que son de su interés.
Cualquier intento por involucrar a la sociedad en las acciones de gobierno es plausible, en tanto ayuda a democratizar la toma de decisiones y en general, la vida pública del país.
Lamentablemente en México, los procesos electorales han configurado un extenso catálogo de trampas y marrullerías que no ha sido posible erradicar del todo, y prevalecen aún como inhibidores de la participación ciudadana voluntaria, libre e informada.
Ha costado mucho trabajo, tiempo y hasta vidas construir las instituciones electorales que arrojen niveles aceptables de certeza en la organización y los resultados de las elecciones, y sin embargo éstas siguen teniendo sombras de dudas y sospechas de todo tipo.
No hay punto de comparación entre aquellos procesos que todavía en los años 80 del siglo pasado eran una oda al pillaje más descarado, y las que hoy tenemos a partir de la construcción de organismos con cierto grado de autonomía y ciudadanización, pero es claro que falta mucho camino por recorrer.
La descalificación de esos organismos y la tentación de arrasar con ellos para reconstruir otros a su modo y manera, no abonan en ese camino, mucho menos si esa intentona viene del propio gobierno, interesado en regresar al patrimonialismo con que asumía en el pasado la integración y el funcionamiento de los órganos electorales.
Convertir una consulta pública en un ejercicio de validación de consignas partidistas fue quizás el principal motivo del fracaso de este primer intento, al que le voltearon la espalda el 90 por ciento de los electores.
La consulta pública es un mecanismo para la democratización del país, pero cuando el partido político en el gobierno se lo apropia, se convierte en lo contrario. Entre otras cosas, por eso la gente no acudió a las urnas.
Así, lo bueno de la consulta es la intención de involucrar a la sociedad en el debate público y ofrecerle el poder de incidir en las decisiones; lo malo, que al convertirse en una suerte de recuento interno de los simpatizantes de un partido político, dejó fuera al resto de la sociedad, que con su desprecio les hizo saber que están dispuestos a validar propuestas del gobierno, pero no todas.
Y lo feo, comprobar una vez más que entre algunos personeros del gobierno de la segunda alternancia en México quedan aún sedimentos del viejo régimen autoritario, normalizador de prácticas fraudulentas para validar, así sea rellenando urnas, un ejercicio que no despertó mayor interés que el de la propia militancia del partido oficial.
II
Y a propósito de la consulta, llamó la atención la foto que subió a su cuenta de tuiter el alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez participando de ese ejercicio.
Ejerció un voto crítico, digamos, pues aunque sostuvo que la ley no se consulta, también apuntó que para exigir hay que participar.
El gesto fue criticado por muchos cibernautas, pero otros lo interpretaron como una suerte de ‘bandera blanca’, un guiño hacia el gobierno federal y por qué no, hacia el gobernador electo, Alfonso Durazo con quien le esperan (al menos) tres años de gestión separados solo por el puente que conecta los palacios de gobierno, el estatal y el municipal.
Es, creo, una buena señal de parte del alcalde electo que anticipa así la voluntad de no apostarle a la confrontación sino al ejercicio de la política entendida ésta como la vía para alcanzar acuerdos, independientemente del origen partidista de los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal.
Desde que Guatimoc Yberri entró en contradicciones con Manlio Fabio Beltrones en el trienio 1991-94, la historia de la relación entre los ocupantes de ambos palacios, aun siendo del mismo partido político está llena de episodios ríspidos en los que usualmente quien ha salido más raspado es quien ocupa la alcaldía.
Una alcaldía que por cierto, tiene fama de ser una trituradora de aspiraciones políticas, y si no solo hay que pasar revista sobre el destino que tuvieron los y las presidentes municipales de la capital de ese entonces a la fecha.
Por ahí desfilaron después de ‘El Guaty’, Gastón González Guerra, Jorge Valencia Juillerat, Pancho Búrquez, Dolores del Río, Ernesto Gándara, Javier Gándara, Alejandro López Caballero, Manuel Ignacio Acosta y Célida López Cárdenas.
Varios de ellos aspiraron -y algunos lo intentaron- pasarse al palacio de enseguida, pero se quedaron en el intento. No todos se pelearon con el gobernador (o gobernadora) en turno, pero a quienes lo hicieron les fue peor.
Toño Astiazarán no es un novato en estos menesteres: ya fue diputado local, federal y alcalde de Guaymas; ocupó diversos puestos públicos y ha desarrollado un retorcido colmillo político, que le permite hacer sus propias lecturas del momento que le ha tocado vivir.
No hay que sorprenderse entonces, si el guaymense envía esta clase de señales, sobre todo porque si en algún momento se vislumbraba una transición accidentada tanto en lo municipal como en lo estatal, las señales que se han enviado hasta ahora apuntan a procesos de entrega-recepción más bien tersos.
De hecho ayer se reunieron los alcaldes, el interino y el electo, para encabezar la reunión de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción teniendo como tema central de ese encuentro el relativo a la seguridad pública.
Tanto Fermín González como Antonio Astiazarán estuvieron acompañados de sus principales colaboradores y el reporte indica que todo transcurrió en un clima de cordialidad.