Por Arturo Soto Munguía
Sonora, dijo tajante el gobernador Alfonso Durazo ayer, no será tierra fértil para el secuestro express, ni para ningún otro delito.
Los millennials no lo registran, pero allá a principios de los 90 del siglo pasado apareció una banda de secuestradores que desató el pánico en la región sur del estado. Originarios de Sinaloa, los criminales atacaron un par de ocasiones contra prósperos empresarios locales.
Pero no más. Un día, inopinadamente aparecieron en las páginas de los diarios regados en el suelo del valle del mayo con sendos balazos en diferentes partes del cuerpo. Bien acomodados los cuerpos y con armas en sus manos.
La versión oficial fue que se enfrentaron a los agentes estatales y perdieron la partida. La versión más extendida en radio pasillo sin embargo, fue que a los tipos los habían capturado con vida y fueron ejecutados sin miramientos para mandar una señal a quienes quisieran seguir sus pasos.
Como si fuera un corrido norteño, la verdad nunca se supo, pero lo cierto es que no se volvió a presentar un secuestro en los siguientes años.
¿Terrible? Sí. ¿Siniestro? Sí.
El punto es que cuando las bandas criminales además de matarse entre ellos comienzan a atentar contra ciudadanos, no en calidad de víctimas colaterales, sino como parte de acciones planeadas como el cobro de piso o los secuestros express las cuerdas de la sociedad se tensan mucho, el miedo aparece y cualquier cosa que se haga para salvaguardar su vida y su patrimonio no solo se justifica en el fuero interno de la gente, sino que incluso es aplaudida.
Se lee feo, pero sucede. Un ejemplo muy común en estos días es el de los videos que de pronto se viralizan en redes sociales bajo un título que comienza a popularizarse en todo el país: “Amo los finales felices”.
Casi siempre se trata de eventos en que presuntos criminales ven frustradas sus intenciones ya sea por la policía o por los mismos ciudadanos que terminan propinándoles la madriza de su vida. ¿Incorrecto? Sí. ¿Deleznable? Sí. ¿Preocupante en tanto nos coloca en la línea que separa la justicia de la barbarie? También.
Sin ir muy lejos, y esto sí lo recordamos todos porque ocurrió hace apenas tres o cuatro años. En varias ciudades del estado comenzaron a registrarse asaltos a transeúntes por parte de individuos armados con machetes.
En Navojoa uno de ellos puso a bailar a varios agentes municipales que hicieron el ridículo de su vida, dando saltitos tratando de evadir las chispas que el joven le sacaba al machete con la banqueta de una gasolinera. Fue un video muy comentado en su momento.
Pero más allá de la diversión morbosa que generó, el fenómeno se volvió preocupante porque las víctimas empezaron a multiplicarse. Hasta que se dio la orden a los policías de disparar sus armas en caso de que vieran en peligro su integridad durante eventos de ese tipo, lo cual por cierto es parte del protocolo policial.
Y lo que comenzó a aparecer entonces fueron los cuerpos de ‘macheteros’ abatidos. El último, fue prácticamente acribillado a quemarropa y quedó tendido con un balazo en el rostro.
Terrible. Pero ya no se registraron ataques con machetes.
De ninguna manera se trata de validar el uso excesivo de la fuerza policial o las ejecuciones sumarias. Sería la locura. Pero cuando la violencia crece y la impunidad campea, inevitablemente la gente va a buscar protegerse a sí misma y en estos tiempos de redes sociales, va a festinar las golpizas o el abatimiento de presuntos criminales. No es plausible, pero sucede.
Y sucede especialmente cuando el Estado mexicano aparece incapaz de ejercer una de sus funciones que es la de salvaguardar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como parece estar sucediendo en todo el país.
Viene a cuento lo anterior por el primer caso (oficialmente reconocido) de un empresario restaurantero que en Hermosillo fue secuestrado y posteriormente liberado tras pagar 236 mil pesos de rescate. Hay otro caso que la fiscalía estatal investiga, de otro hombre que fue ‘levantado’ por sujetos armados en Ciudad Obregón en hechos que fueron videograbados. La identidad también se mantiene en reserva, aunque la fiscalía informó que es originario de Sinaloa y que hasta el momento no se ha solicitado pago de rescate.
‘Levantones’ hay muchos en el estado y generalmente se dan entre gente dedicada a actividades ilícitas, pero secuestros (o secuestros express) no se habían reconocido oficialmente y el hecho de hacerlo enciendo luces de alerta en el tablero ciudadano. No solo de personajes encumbrados o propietarios de grandes fortunas, que por cierto tienen su propia seguridad privada, sino de gente próspera que ha forjado su patrimonio a través de muchos años de trabajo duro, como fue el caso del restaurantero secuestrado en Hermosillo.
Ayer le preguntaron al gobernador respecto a este tema, inquiriéndole si Sonora NO será tierra fértil para este delito, y respondió tajante: “Ni para este ni para ningún otro”.
Por la tranquilidad de todos, ojalá que así sea.
Claro, no se espera que se revivan tiempos de ejecuciones sumarias o se oficialice la ley del Talión; lo que se espera es que la autoridad actúe para que no crezca la zozobra al saber que en Sonora está operando una banda de secuestradores y estos sean detenidos y sometidos a la ley.
II
El gobernador fue abordado por la prensa al final del evento de entrega de patrullas, uniformes, armas y equipo táctico para la Policía Estatal de Seguridad Pública todo con una inversión de 74 millones de pesos que ciertamente ratifican el compromiso con las instituciones encargadas de mantener la seguridad pública en la entidad.
Un compromiso que refrendó allí mismo al girar instrucciones a la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río para incorporar a todos los hijos e hijas de policías estatales al programa de becas, con el monto más alto, de dos mil pesos mensuales para cada uno.
Estos estímulos, así como el hecho de dignificar la labor, los salarios y reconocer los méritos de los y las agentes para que sean éstos, los méritos en servicio y no los temas políticos los que determinen el ascenso en la carrera policial, fueron bien recibidos por los allí presentes, incluyendo a una representación de los 260 nuevos agentes que se incorporarán este año a la PESP, para avanzar en la meta de incrementar en mil el número de efectivos.
Acuerpado por autoridades civiles y militares y ante alcaldes de diversos municipios, sobre todo de la región serrana, el gobernador sostuvo que a partir de la coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “nos permite decir, sin echar las campanas al vuelo, que vamos avanzando. El delito de más alto impacto (homicidio doloso) tiene una reducción de 12 por ciento en los meses de este año respecto al año anterior, y por primera vez en la historia hay a nivel nacional un quiebre relevante en el número de homicidios”, sostuvo.
Fueron 18 patrullas nuevas para la PESP y 18 más para las corporaciones municipales de Agua Prieta, Cananea, Cumpas, Empalme, Plutarco Elías Calles, Huásabas, Ures y Villa Hidalgo.