Por Arturo Soto Munguía
Abordar el tema del transporte urbano no solo en Hermosillo sino en el resto de los municipios donde opera es sin duda complejo.
El reciente anuncio de que el gobierno adquirirá nuevas unidades para prestar el servicio y que estas pueden ser de combustión interna o eléctricas para entrar en la dinámica de la transición energética deja aún muchas dudas, porque esa decisión ni siquiera se ha tomado y, de acuerdo con Lirio del Castillo aún están en el análisis técnico-financiero para determinar cuál es la opción más eficiente y rentable.
Lo que sí aseguró en la conferencia de prensa ayer por la mañana, es que tales unidades no serán entregadas a concesionarios, sino que el gobierno a través del Instituto de Movilidad y Transporte se hará cargo de la prestación del servicio con sus propios operadores certificados.
Desde hace décadas, el gobierno mantiene concesionado ese servicio con esporádicas incursiones en la operación de algunas rutas y a lo largo de todo este tiempo han sido más las duras que las maduras. Para los usuarios, porque para funcionarios públicos, concesionarios y empresas concentradoras aquello ha sido un buen negocio y en algunos casos la oportunidad de oro para tirar definitivamente el ‘piojo’.
En este desnaranjado pueblo que es Hermosillo ha pasado de todo en la historia del transporte urbano. Cualquiera que tenga memoria de al menos tres décadas atrás no notará muchas diferencias en la prestación de ese servicio, particularmente desde la perspectiva del usuario que sigue viéndose en hileritas buscando la sombra de un poste o de un árbol a la vera de calles y bulevares. O de paradas fabricadas con fierro y lámina que son un encanto como ejemplo de transición energética y combate al cambio climático.
Y que son también referencia obligada para alimentar la memoria social sobre gobiernos que se gastaron millones de pesos en promesas de confort y funcionalidad. Promesas incumplidas y esperanzas fallidas.
Hoy, el gobierno abre la puerta para un modelo de administración estatal del servicio que fracasó hace muchos años y lo llevó a hacer tratos con la iniciativa privada, modelo que también fracasó porque en no pocas ocasiones los que gobernaban eran al mismo tiempo -abierta o subrepticiamente- dueños de las concesiones.
Han sido muchos, pero muchos años de experiencias fallidas, a veces para algunos concesionarios, sí, pero siempre para los usuarios.
Otra de las consecuencias de todas estas décadas perdidas queriendo encontrar el modelo que resuelva los enigmas de la movilidad urbana en Hermosillo (y en otras ciudades) es que las calles se han saturado de automóviles, motocicletas y bicicletas cuyos tripulantes reclaman ya su derecho al espacio en las vialidades, generando nuevos problemas que nadie parece dispuesto a resolver.
Claro, como la esperanza muere al último, apostemos a que esta nueva intentona se traduzca en mejoras reales a esos problemas.
Mientras tanto, mientras no se resuelva el laberinto de la movilidad urbana en el transporte público del que depende la mayoría de la población necesitada de ella, Hermosillo no puede aspirar a asumirse como la capital de nada.
II
Vaya ‘timing’ de la diputada ciudadana Natalia Rivera al presentar una iniciativa de ley para regular mejor las compras que hace toda oficina pública, con procesos de adquisición más abiertos, participativos y confiables; que aliente la verdadera competencia y con parámetros para evaluar resultados.
La iniciativa llega un día después de que el gobernador Alfonso Durazo tuvo un tropezón discursivo que se interpretó como la posibilidad de favorecer a “empresarios amigos” que, ante la falta de recursos en el gobierno del estado, sean ellos quienes financien los proyectos ejecutivos, con lo que llevarían diez puntos de ventaja a la hora de las licitaciones y, en caso de no resultar ganadores en las mismas, su dinero sería pagado por la empresa ganadora.
El gobernador tuvo que salir a precisar que esa opción existe en la Ley de Obra Pública financiada y los proyectos conocidos como “llave en mano”, que son los que contemplan el proyecto ejecutivo en la licitación. “No somos iguales”, escribió en su cuenta de Twitter al explicar que quien quiera ayudar a resolver necesidades en esa materia, será siempre bienvenido en el marco de la ley.
El tropezón puso sobre la mesa el tema de la transparencia y legalidad en las licitaciones, que en anteriores administraciones estuvieron siempre bajo la lupa sobre todo en lo relativo a grandes obras.
Natalia cierra la pinza abordando el rubro de las compras de gobierno, que representan un monto nada despreciable de 3 mil millones de pesos, sobre el que se requiere mayor fiscalización, de manera que planteó un ordenamiento con 104 artículos que empoderan al ciudadano para vigilar de cerca a los funcionarios responsables de esas compras y conocer si los proveedores están cumpliendo o no con lo establecido en sus contratos.
En su exposición, la diputada de MC reconoce que en otros procedimientos como las licitaciones públicas, su normatividad es más estricta y con ello se disminuye la posibilidad de abusos, favoritismo y corrupción y se garantizan productos y servicios de mejor calidad al mejor precio.
La propuesta de Rivera Grijalva contempla por primera vez en una ley de este tipo en Sonora, un capítulo especial para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando participen en compras al gobierno, con incentivos y condiciones especiales para competir en igualdad de condiciones a pesar de no ser grandes corporativos.
Se describen además procedimientos claros para sancionar la práctica ilícita, abusiva o desleal en estos procesos y se garantice el acceso a la información sobre los mismos. La iniciativa retoma recomendaciones de organismos internacionales y nacionales como Transparencia Mexicana, IMCO, México Evalúa y el Comité de Evaluación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que de aprobarse pondría a Sonora a la vanguardia en esa materia.
III
Montó en cólera del director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre (a) “Frino”, al trascender las denuncias que personal a su cargo, sobre todo mujeres, han presentado ante autoridades superiores de la Secretaría de Cultura, por varios casos de acoso laboral.
Como se explicó en el despacho de hace dos días, una de esas mujeres hizo llegar el caso a esta redacción, motivada por el efecto que tuvo la publicación en este espacio de otro caso que involucra a Culturas Populares, la Secretaría de Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura relacionado con la administración de la Casa Hoeffer https://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=35344&categoria=6
El tema de la Casa Hoeffer fue expuesto por el investigador de la delegación Sonora de Culturas Populares, Tonatiuh Castro y no tiene nada que ver con los casos de acoso laboral que denunciaron empleadas de esa dependencia en la Ciudad de México, pero el señor Rodríguez Aguirre no quiere saber quién se la hizo, sino quien se la pague y asumiendo que esos casos pudieran tener la misma fuente y se alista para proceder en su contra.
Obviamente la información no provino de Tonatiuh Castro, pero lo que sí es cierto es que, según mi fuente en CDMX, la columna volvió a llegar a los altos mandos de la Secretaría de Cultura y me dice que el director sospecha de también de todas las personas que han hecho llegar sus quejas a mandos superiores.
¿Roló la columna por allá?, le pregunté.
“Por toda la Secretaría de Cultura, llegó hasta el Complejo Cultural Los Pinos”, me dijo.
“Esto es el principio para hacer valer el respeto a las mujeres”, agregó.
Bueno, pues El Zancudo hizo roncha hasta en el altiplano.