Por Arturo Soto Munguía
Entiendo que hay más de cuatro que sueñan con eso y hasta imaginan la reconfiguración del mapa de México tirando la línea divisoria con Estados Unidos más o menos donde se acaba Villa de Seris, porque de ahí para el sur todos son güachos.
Hermosillo pasaría a cumplir su sueño de ser un suburbio de Tucson y hasta tuviéramos partidos de la NFL en La Sauceda, de la NBA en la Arena Sonora, de la MLB en el Fernando Valenzuela y de la UFC en el CUM.
Pero esto es más que un mal chiste sobre el aspiracionismo hermosillense que está más cerca de Phoenix que de La Pintada.
Las presiones sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden para que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas y se autorice a las fuerzas armadas norteamericanas a actuar contra ellos en nuestro país están subiendo de tono.
Aunque esa posibilidad se observa remota, considerando las implicaciones que tendría para la relación bilateral en otros campos (como el comercial) la presión está creciendo y ayer se dio a conocer una iniciativa de dos legisladores republicanos para que se autorice a los militares estadunidenses a actuar contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con esa droga, que ha provocado la muerte de unos 80 mil norteamericanos al año.
La resolución incluye a otras personas que lleven a cabo actividades que causen desestabilización en el hemisferio occidental.
Los estadunidenses ubican a varias organizaciones que cabrían en esa definición, a saber: el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el de Los Zetas, el del Noreste, el de Juárez, el de Tijuana, el de los Beltrán-Leyva y la llamada Familia Mexicana o Caballeros Templarios.
Se sabe que bajo el principio de la extraterritorialidad de la ley y cuando ha visto amenazados sus intereses, Estados Unidos ha intervenido militarmente otros países, causando en no pocos casos verdaderas carnicerías. En el contexto de la Guerra Fría en la década de los 70 y 80, Estados Unidos implementó la llamada Operación Cóndor que básicamente tenía la tarea de aniquilar a las fuerzas de izquierda en América Latina y fortalecer a las dictaduras militares en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, entre otros.
Difuminado el fantasma del comunismo tras la desintegración del bloque soviético y la caída del muro de Berlín, Estados Unidos necesitó un nuevo enemigo que justificara su política injerencista. Ese ‘enemigo’ fue el narcotráfico.
En diciembre de 1989, invadieron Panamá y capturaron al presidente de ese país, Manuel Antonio Noriega que fue juzgado y encarcelado bajo cargos de narcotráfico, aun cuando en años anteriores era un colaborador de la CIA.
En los años posteriores, EEUU mantuvo operaciones militares encubiertas en Colombia, Perú y Bolivia, los principales productores de cocaína. También en México, donde hay todo un compendio de operaciones de la DEA y la CIA que tuvieron su punto más álgido con el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar, presuntamente a manos o por órdenes de Rafael Caro Quintero.
Un especialista en temas militares considera que los estados fronterizos (como es el caso de Sonora) representan la ‘guarnición’ de EEUU; la última línea para salvaguardar su seguridad nacional.
De hecho, en la resolución presentada por los legisladores republicanos para presionar al presidente Biden a declarar terroristas a los cárteles mexicanos, citan eventos como el derribo de un helicóptero militar mexicano con armas de alto poder y los ataques que lanzó el narco tras la primera captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, así como el cierre del consulado norteamericano en Nuevo Laredo tras un enfrentamiento entre cárteles mexicanos el año pasado.
El contexto es complicado para México. El juicio a García Luna reveló el grado de colaboración que existía (y que presumen sigue existiendo) entre el gobierno mexicano y los cárteles de las drogas.
Hay una densa nube de humo sobre los detalles de la captura y posterior liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hombre muy cercano a los mandos militares estadunidenses y con información privilegiada sobre ese gran tema del narcotráfico.
La ‘tibieza’ con que el ejército mexicano combate al narco derivado de la política que ha dado en resumirse como ‘abrazos, no balazos’ ha derivado en el empoderamiento de los grupos criminales que en México le disputan palmo a palmo el control de al menos un tercio del territorio nacional al Estado mexicano, esto según datos del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VarHerk.
Las consecuencias, además del baño de sangre que ha dejado una cauda de 140 mil asesinatos en los últimos cuatro años, es que el tráfico de drogas hacia el norte no se detiene.
Claro, los EEUU suelen actuar con mucha hipocresía y no menos cinismo evitando dimensionar en sus justos términos su condición de mercado más grande del mundo para el consumo de drogas y principal fabricante y abastecedor de armamento para los cárteles mexicanos.
Cárteles que, hay evidencia de sobra, han invadido todos los ámbitos de la vida pública en México, incluyendo la política y de manera señalada, la política electoral. En muchas regiones de México son los grupos criminales los que ponen y quitan candidat@s, los que influyen de diversas maneras (incluyendo desde luego el terror) en el electorado y los que se han convertido en un poder de facto que está por encima de autoridades civiles y militares. O por lo menos en el mismo nivel.
Pregúntese a cualquier habitante de los municipios de la sierra y el desierto sonorense cómo se decidieron candidaturas y financiamientos en la pasada contienda electoral. Valórese cómo afectó la ejecución artera, en plena mañana, del candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, en el ánimo del electorado (Cajeme tuvo 37% de concurrencia a las urnas, la más baja de la historia), o averigüen quién controla casi todas las actividades productivas en el sur del estado mediante el cobro de piso o la obligación, por ejemplo a los pescadores, de venderle sus capturas a un solo comprador.
Pero sucede lo mismo en cualquier otro estado de la República, llámese Zacatecas o Guanajuato; Tamaulipas o Sinaloa; Michoacán o Colima; Chihuahua o Hidalgo…
Con todo y la hipocresía y la doble moral de los EEUU, no son los guiños del presidente de México con otros gobiernos latinoamericanos los que pudieran llevarlos a pensar en una asonada de comunistas en la región con motivaciones políticas. Eso parecería más bien una argucia para matizar lo otro: el empoderamiento de los grupos criminales en el que, hay que decirlo, EEUU ha sido no solamente cómplice, sino un interesado promotor.
Sirva lo anterior para plantear la siguiente interrogante: En el remoto e improbable, casi imposible caso (risas grabadas) de que el gobierno mexicano tuviera algún nexo así sea tenue e irrelevante con los cárteles de la droga, estas organizaciones criminales seguirían apoyando a un gobierno que abriera las puertas para que llegaran con toda su hipocresía y falsa moral, pero además con aviones, tanques, metrallas y misiles para reventar y limpiar su patio trasero e instaurar una democracia plena, limpia y ejemplar como la de EEUU (más risas grabadas).
Yo creo que no, pero entonces me nace otra pregunta: si los grupos criminales ya están empoderados, ¿a quién apoyarían por ejemplo, en la sucesión presidencial de 2024?
Qué putos nervios.