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Bulmaro Pacheco

TODO EL PODER CONTRA LA CORTE

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Bulmaro Pacheco Moreno

En Sonora presumimos de los presidentes de la República originarios de la entidad que ha tenido México (Félix Zuloaga, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez) y también de secretarios de Estado cercanos a presidentes, pero casi nunca hemos reflexionado sobre la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia originarios de estas tierras, cuando menos de 1917 a la fecha.

Solo dos ministros de la Corte han nacido en Sonora: José María Ortiz Tirado nació en Álamos en 1894, fue nombrado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1934. Fue presidente de la Corte en 1934 y se retiró en 1947; Gilberto Valenzuela Galindo. Nació en Sahuaripa, en 1891. Fue nombrado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953, y se retiró en 1961. También fue gobernador provisional de Sonora del 16 de diciembre de 1916 al 15 de enero de 1917, redactor y firmante del Plan de Agua Prieta en 1920, secretario de gobernación con Calles e impulsor del Plan de Hermosillo en 1929.

La historia registra que ambos personajes tenían convicciones firmes y una gran formación jurídica. Los dos participaron en el Poder Judicial en tiempos complicados, pero de respeto, hacia el equilibrio de poderes.

Hoy también vivimos etapas complicadas por la falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia los otros poderes incluyendo a los partidos, el pacto federal, los organismos autónomos, los gobernadores que no son de Morena, el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

Quizá haya pasado inadvertido, pero algunos sí registraron el movimiento realizado en 2018 por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de origen priista, después del Verde Ecologista y ahora de Morena.

Velasco ingresó en calidad de senador siendo todavía gobernador del Estado de Chiapas (diciembre 2012 a diciembre 2018) a pesar de que el artículo 55 de la Constitución mexicana señala: “Los gobernadores de los Estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”. Inédito en México, pero eran diferentes.

El antecedente más cercano a esos excesos fue cuando el gobernador de Campeche (1973-1976), Carlos Sansores Pérez, solicitó licencia como gobernador en 1973 para postularse candidato a diputado federal por la Ciudad de México. Sansores ya traía la consigna de ser el líder de la XLIX Legislatura en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Otros tiempos, otras formas, igualmente ofensivas para el desarrollo político.

El presidente Carlos Salinas de Gortari decidió nombrar a Carlos del Río Rodríguez, presidente de la Suprema Corte de Justicia (1986-1990), como su representante personal al cambio de poderes en un país sudamericano. Esto encendió la polémica con el abogado Ignacio Burgoa Orihuela en torno a las facultades del presidente y la autonomía del Poder Judicial por disponer de un ministro-presidente como si fuera empleado del Poder Ejecutivo. Esa polémica abrió de nuevo y por un tiempo, el debate sobre la división de poderes en México.

Una desaseada propuesta de reforma fue la de tratar de ampliar el período del gobernador Jaime Bonilla (Baja California; 2019-2021) de dos a cinco años, “para diseñar y ejecutar debidamente el plan de desarrollo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía” (sic). Aprobada la iniciativa por el Congreso local, no fue publicada por el gobernador saliente, y la reforma fue desechada por la Suprema Corte. Bonilla tuvo que concluir su período de dos años en 2021.

Hasta hoy la reforma más importantes en el Poder Judicial ha sido la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 (de 21 a 11 ministros, ternas propuestas por el presidente para la aprobación de las 2/3 partes del Senado, de 3 a 4 años la duración de la Presidencia y 15 años en el cargo, entre otras), 1996 (incorporación del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial) y 1999 (naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura). Dice Joel Carranco Zúñiga: “La incapacidad para desahogar las grandes presiones ocasionadas por los crímenes que conmocionaron al país y al mundo, el proceso de designación de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como los demás vicios que comenzaban a afectar la imagen de la judicatura puso al descubierto una Suprema Corte de Justicia desgastada por los acontecimientos políticos y sociales que aquejaban a la nación, así como el descrédito de algunos de sus funcionarios”. Según al autor se trató de: “La más densa reforma en comparación con las demás. Es la única ocasión en que todos los artículos (14) del capítulo IV de la Constitución Federal fueron objeto de reforma”.

Siguieron otras reformas de menor calado en los gobiernos de Felipe Calderón (quitó la facultad de investigación en materia electoral), de Enrique Peña Nieto (órganos autónomos, cambio de PGR a Fiscalía general, y la transformación del IFE en INE) y con López Obrador (paridad de género, defensoría pública federal, entre otras).

En 2021 se promovió la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con dedicatoria para ampliar en dos años más, la duración de la Presidencia de la Corte del ministro Arturo Saldívar (2019-2022). Fue aprobada en el Senado y en abril de 2021 por la Cámara de Diputados (262 votos a favor, 182 en contra, y 7 abstenciones); pero la misma Corte la desechó por inconstitucional, ya que contradecía al quinto párrafo del artículo 97 de la CPEUM, que al efecto establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

¿En que estarían pensando los que llegaron al Poder con relación a la promoción de reformas abiertamente inconstitucionales y desechadas en su mayoría por la Corte?
Ellos siempre han pensado que en México todo lo pueden hacer sin problema y si ganaron el Poder en 2018 fue porque “son diferentes a los anteriores”. Por lo tanto, tienen permitido hacer de todo, aún cuando se violente el orden constitucional y la relación entre los Poderes de la República… para eso ganaron, ¡faltaba más!

De ahí proviene también el fanatismo al que se llega cuando se debate con algunos morenistas. Se aferran a su credo y prejuicios con un radicalismo único, como si fueran a durar para siempre. De 1917 a la fecha, ni en las peores etapas del bipartidismo, no se había visto en México; un gobierno sin diálogo, sin el menor respeto a las formas y enfrentado a cada rato al poder judicial.

Solo así se explica el selectivo coro político que acompaña al presidente López Obrador al momento de descalificar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. No pudo prolongar el período de Bonilla en Baja California ni el de Zaldívar en la Corte, no le aceptaron sus reformas electorales, no pudo imponer a Yazmín Esquivel como presidenta y se ha negado a opinar sobre el plagio de su tesis de licenciatura, y desde el Poder se impulsa una implacable y violenta batalla contra fiscales estatales que no son del agrado de los gobernadores morenistas.

El Ejecutivo ha enfocado con dureza sus baterías contra la ministra presidenta Norma Piña y otros ministros. Los ha calificado de corruptos y conservadores (sin prueba alguna) y ha prometido una reforma (para que los ministros sean electos por el voto popular) para septiembre de 2024, cuando ya haya presidencia electa y le quede apenas un mes en el Poder Ejecutivo, pensando que tendrán mayoría calificada en el Congreso.

¿barruntos de tormenta?
Puede ser, porque al parecer todavía no hemos visto la película completa.

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Bulmaro Pacheco

CANDIDATOS… EN SUS MARCAS… ¡LAS CAMPAÑAS!

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por Bulmaro Pacheco

El pasado 1 de marzo empezaron oficialmente las campañas políticas para integrar dos de los Poderes de la Unión: El Ejecutivo y el Legislativo.

Los candidatos a distintos cargos de elección popular tienen hasta el 29 de mayo para transmitir sus ofertas políticas a los casi 100 millones de votantes (98.9) inscritos en la lista nacional de electores al cierre del pasado 22 de febrero.

¿Cuántos de ellos votarán?

No se sabe a ciencia cierta cuál será el porcentaje de participación que habrá de registrarse el próximo día 2 de junio. Lo deseable es que esa cifra se acerque o supere el índice de participación logrado en la elección de Ernesto Zedillo en 1994, que fue del 77.16%, y con una abstención apenas del 22.84%; en la elección del 2000, con todo y la cacareada victoria de Vicente Fox, la participación fue apenas del 63.97%.

En la controvertida, cuestionada y todavía reclamada elección del 2006, donde la diferencia entre el primer lugar (Felipe Calderón 35.89%) y el segundo (López Obrador 35.33%) fue menor a un punto porcentual, el nivel de participación fue del 58.23%.

En la elección de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando le ganó (38.21) por casi 7 puntos a Andrés Manuel López Obrador (31.59%), el nivel de participación fue del 63.34%.

Con todo y lo que se ha presumido y alardeado de la elección del 2018, donde Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES ) logró obtener el 53.19 % de la votación, el índice de participación ciudadana llegó al 63.42%

Lo deseable ahora y para la próxima elección es que haya un mayor nivel de participación a todos los niveles, por lo que está en juego.

Se habla de dos proyectos en pugna para la Presidencia de México (2024-2030): El que anuncia un “segundo piso” (sic) de la llamada “Transformación”, que ha sido el discurso dominante del gobierno federal que termina el último día de septiembre del 2024. Y el que anuncia un cambio radical de las políticas puestas en práctica en el sexenio y que concluye con un saldo nada positivo para las principales demandas de la gente como la seguridad, la salud y el desarrollo.

La propaganda oficial acusa a sus adversarios de pretender el “regreso” de los que se aprovecharon de los gobiernos para empobrecer a México y alegan que los actuales gobernantes y los que pretenden repetir en sus cargos representan algo diferente, ya no como los de antes.

De la parte oficial sobran calificativos ideológicos contra lo que ellos llaman “los conservadores” o “representantes de la reacción que buscan recuperar privilegios, concretamente a Xóchitl Gálvez y a su equipo de campaña. Los del Frente acusan de incompetencia al gobierno que termina este año y de “continuismo” a quienes aspiran a relevar al Ejecutivo federal con la candidata Claudia Sheinbaum a la cabeza.

Al electorado lo han tratado de desmotivar presumiéndole encuestas de dudosa procedencia y que marcan una desproporcionada ventaja de la candidata oficial sobre su principal adversaria.

Sí es cierto que Claudia Sheinbaum lleva ventaja, aunque no tanta. Entre otras razones, por su exposición diaria en el gobierno de la Ciudad de México y porque ha tenido a su favor la enorme campaña que el presidente de la República le hace a cada rato en las llamadas “mañaneras”, y también por los excesos de publicidad que ya llevan años en espectaculares, bardas y mensajes a cargo de los gobernadores estatales de Morena, que en 2021 descubrieron a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México como la favorita del presidente para sucederlo.

Pero también es cierto que Xóchitl Gálvez tiene a su favor el enorme descontento social que priva en sectores importantes de la sociedad mexicana y que no han visto cambios favorables desde el gobierno en beneficio de la gente -a excepción del sistema de pensiones, no contributivas para los adultos mayores- y padecen todos los días la gran crisis de seguridad pública reflejada en homicidios, desapariciones y la falta de calidad en la atención a la salud y los servicios elementales.

También tiene Xóchitl a su favor el activismo de tres partidos políticos que seguramente habrán de activar interlocución con las estructuras políticas para encauzar las principales demandas de la gente, a través de los partidos y sus liderazgos en los principales niveles.

A su favor tiene también las principales expresiones de descontento social y político ciudadano, como las observadas en las concentraciones -sin acarreos y minimizadas por el gobierno- en el Zócalo y en las capitales de los estados en meses pasados en defensa del INE, de los órganos autónomos y de la democracia.

La candidata oficial cuenta con el apoyo incondicional del gobierno federal, con todas sus estructuras a nivel local y nacional. También el de los gobernadores estatales, principales responsables de llenar con acarreados de toda la República el Zócalo de la Ciudad de México el día del arranque de la campaña.

Obviamente la candidata oficial dispondrá de mayores recursos económicos y de las estructuras de gobierno. Y también de quienes jugando al oportunismo político -ex militantes del PAN, PRI y PRD- fueron “convencidos” de apoyar la causa oficial a cambio de lugares en las listas de diputados federales y senadores de Morena y sus aliados.

Ahí están quienes apenas un año atrás despotricaban contra el presidente López Obrador y su partido y las principales acciones de su gobierno. Ahora cambiaron camisetas y se ostentan defensores de la candidata oficial y las banderas de Morena. Los acusados antes de corruptos recibieron ya su “certificado de purificación” por el solo hecho de anunciar sus renuncias al partido de origen y de apoyar al gobierno.

Todo eso lo registra el votante potencial: La corrupción que no ha disminuido, el dinero dudoso dedicado a la política, los errores administrativos, los rezagos sociales, la simulación en las políticas públicas, la falta de diálogo y consensos, los elefantes blancos registrados como obras emblemáticas y que todos tendremos que pagar, así como el nepotismo generalizado en las administraciones públicas y los cacicazgos familiares como los de Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros. Por eso quienes piensen o afirmen que todo está decidido ya, o rayan en la ignorancia o viven otra realidad.

El 1 de marzo empezó lo que será la contienda electoral más tensa que haya vivido México en los últimos años, y que estará determinada por dos factores fundamentales: Un gobierno que se siente dueño de la moral y cree llegó para quedarse y no se quiere retirar del escenario político, y los poderes fácticos (delincuencia organizada) que están también listos para entrarle al juego político con total impunidad, como se ha visto ya en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Chiapas, donde exigen representación y candidaturas, no por las vías legales ni políticas, sino por los balazos y dejando los abrazos para después, como el lamentable caso de los candidatos municipales de Maravatío asesinados ésta semana…

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Bulmaro Pacheco

LEGISLADORES FEDERALES: UNA APROXIMACIÓN

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Por Bulmaro Pacheco

Leonardo Yáñez Vargas, secretario del ayuntamiento (1979-1982) y presidente municipal (1982 a 1985) de Agua Prieta, fue el primer senador de primera minoría que tuvo Sonora en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión (1994-2000). Antes de esa elección, la figura de la “primera minoría” no existía, fue fruto de la reforma publicada el 3 de septiembre de 1993 para ampliar el número de senadores por estado.

Por diferencias con Manuel Espino, el delegado del PAN de entonces, Yáñez renunció al grupo parlamentario de Acción Nacional en 1997 y terminó como legislador independiente.

Había participado representando al PAN en la elección de 1994 contra los priistas Guillermo Hopkins Gámez y Armando López Nogales. López Nogales sería candidato a gobernador en 1997 y su lugar lo ocupó Gilberto Gutiérrez Quiroz. Hopkins terminó su período.

Yáñez Vargas, originario de Esqueda, asesor fiscal, egresado del Tecnológico de Nogales, llevó como suplente a Bonifacio Navarrete Santamaría, y actualmente reside en Arizona.

Los primeros Senadores de lista por Sonora, fueron: Luis Colosio Fernández (PRI) y Leticia Burgos (PRD) del 2000 al 2006. Colosio llevó como suplente a la chiapaneca Blanca Ruth Esponda Espinosa. Burgos, cajemense, química por la Universidad de Sonora y activista en el Estado de Guerrero, llevó como suplente a Blas Rafael Palacios Cordero.

La figura de “senador de lista” se negoció entre todas las fuerzas políticas para reformar el artículo 56 de la CPEUM, el cual se publicó el 22 de agosto de 1996 (también se logró la plena autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Colosio Fernández asumió el cargo de senador junto a Eduardo Bours como legislador de “primera minoría” por Sonora, cuando éste perdió la elección contra Ramón Corral y Héctor Larios, la fórmula del PAN.

Sonora tuvo cinco senadores en esa legislatura: Corral, Larios, Colosio, Bours y Burgos. Corral y Bours solicitaron licencia en 2003 para contender por la gubernatura del Estado, quedando en los escaños sus suplentes: Carlos Villalobos Organista y Francisco Bojórquez Mungaray.

Bours fungió como gobernador de Sonora del 2003 al 2009 y Corral asumió la titularidad de Conapesca en el último tramo del gobierno de Vicente Fox. Para la elección federal del 2006 participaron tres fórmulas: Alfonso Elías Serrano y Óscar López Vucovich (PRI), Guillermo Padres y Javier Castelo Parada (PAN) y Alfonso Durazo y Patricia Patiño (PRD). Ganó la fórmula del PAN y Alfonso Elías Serrano sería el senador de primera minoría. Como senador de lista entró Manlio Fabio Beltrones, para el período del 2006 al 2012.

En 2009 tanto Padrés como Alfonso Elías solicitaron licencia para contender por la gubernatura y en sus curules quedaron Emma Lucía Larios Gaxiola y Fermín Trujillo Fuentes. Padrés ya no regresó al Senado y Alfonso Elías concluyó su período. En esa legislatura Sonora tuvo 4 senadores: Larios Gaxiola, Javier Castelo, Alfonso Elías y Beltrones.

En 2012 los candidatos al Senado fueron Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara (PRI), Francisco Búrquez y Florencio Díaz (PAN), Ana Gabriela Guevara y Alba Celina Soto Soto (PRD), Rodolfo Montes de Oca y María Parada (Verde Ecologista), y David Parra Medina y Concepción Puebla Romo (Nueva Alianza).

En esa Legislatura Sonora tuvo cinco senadores: Claudia Pavlovich (Anabel Acosta), Ernesto Gándara, Francisco Búrquez, y como senadores de lista: Ana Gabriela Guevara, por el PT, y Héctor Larios, por el PAN. Pavlovich solicitó licencia al cargo en 2015.

En 2018 Los candidatos fueron: Alfonso Durazo y Lily Téllez (Morena), Silvana Beltrones y Manuel Acosta (PRI), Antonio Astiazaran y Leticia Cuesta (PAN). Ganaron la elección Durazo y Téllez, Sylvana Beltrones fue la de primera minoría, y como legisladores de lista: Damián Zepeda Vidales, del PAN y Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. De nueva cuenta Sonora ha tenido en la legislatura cinco senadores.

Durazo cedió su escaño a Arturo Bours Griffith al asumir la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y, posteriormente, la candidatura al gobierno del Estado. Lily Téllez se pasaría de Morena a Acción Nacional.

Para el 2024 la lucha por el Senado de la República en Sonora luce competida, incierta e intensa.

Manlio Fabio Beltrones y Lily Téllez por la alianza PAN PRI PRD. Beltrones iría por su tercera senaduría desde 1988, y Téllez por la reelección, ahora postulada por el PAN. En candidaturas simultáneas Beltrones va en quinto lugar en la lista nacional del PRI y Téllez en cuarto en la lista del PAN.

Por Morena van la exdirectora del DIF y diputada federal Lorenia Valles, y el exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y diputado federal Heriberto Aguilar.

El diputado local Ernesto de Lucas y Dolores Rosas Almada irán por Movimiento Ciudadano.

Célida López Cárdenas, exdiputada local,exalcaldesa de Hermosillo y Froylán Gámez Gamboa, exdirector del Isssteson, van como candidatos del Partido del Trabajo.

Se ha dicho que los desprendimientos de la alianza de Morena obedecen a una estrategia del partido en el gobierno, que ha anunciado que en 20 entidades irán en alianza los tres partidos (Morena, Verde y PT) y en 12 irán solos -con el propósito de explorar la posibilidad de hacerse de 12 senadurías más- para llegar a la mayoría calificada en la Cámara alta.

Es decir, apuestan que con sus aliados pueden conseguir en algunos estados las dos bancas de mayoría relativa y que con el Verde o el PT por su lado pudieran obtener la primera minoría para así alcanzar tres senadores por estado y lograr la Mayoría calificada en la Cámara alta que por ahora no la tienen. “Plan C de Sheinbaum le llaman”.

Tanto Aguilar como López Cárdenas, ambos candidatos se han sincerado y revelado que en Sonora la verdadera intención de esa estrategia es cerrarle al paso a la fórmula Beltrones-Téllez para que no ganen ni la mayoría, ni la primera minoría lo que revela también un gran temor.

Eso explica tantos cambios y tantas altas y bajas en tan poco tiempo en el tablero de candidaturas de Morena donde algunos se duermen síndicos y se despiertan diputados. Esa fórmula, más Ernesto Gándara por el quinto distrito federal les alteró toda la estrategia, -dicho por ellos mismos-.

En Sonora es complicado entender la nueva estrategia de la 4T, porque el voto duro de los partidos opositores al oficialismo -con todo y las estrategias del transfuguismo estimulado desde el poder-, ya está definido y el de Morena y sus aliados puede dividirse -de hecho se va a dividir- al multiplicar las opciones del votante fiel a su causa, con el riesgo de derrumbar el propósito original de acumular más escaños.

El PT nunca ha pasado del 10% de la votación en Sonora desde que fue creado hace 34 años. Y se acostumbró a los recursos públicos (El mismo PRI lo salvó de perder el registro nacional en 2015 al traspasarle votos) por lo que en lo local la contienda por el Senado se centrará principalmente entre los candidatos de Morena (cuyo voto duro ronda el 25%) y los del frente PRI-PAN-PRD (cuyo voto duro sumado anda entre el 28 y el 30%).Cualquier otro cálculo resulta complicado porque -por ahora- es imposible predecir una tendencia, ya que también va una cuarta candidatura que es la de Movimiento Ciudadano, -la que al parecer ni al gobierno ni a Morena les interesa ya- un partido que en Sonora tampoco ha rebasado la barrera del 10% en elecciones ni como Convergencia ni como MC. Las campañas federales que inician el próximo viernes 1 de marzo auguran muchas sorpresas. Hay que estar pendientes…

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Bulmaro Pacheco

LO QUE SE JUEGA EN SONORA

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Por: Bulmaro Pacheco

El próximo dos de junio los sonorenses iremos una vez más a las urnas a expresar por medio del voto nuestra decisión política más importante de cada tres años: Cambiar o ratificar el rumbo político de distritos y municipios (ahora tomando como base lo ocurrido en 2018 y el 2021).

En 2021, en la elección de diputados locales, Morena obtuvo el 31.61% de los votos, el PRI: 18.01, PAN: 10.8, Movimiento Ciudadano: 8.58, el Partido del Trabajo: 7.6; PANAL: 5.6, el Verde: 5.2, el PRD: 3.9 y el PES: 3.4%.Tanto Fuerza México como Redes sociales progresistas desaparecieron al no obtener el 3% de la votación.

La diferencia con lo que ocurrió hace tres años es que ahora se juega la posición política más importante del país: la Presidencia de la República, que se suma a la renovación total del Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados federales.

La apuesta del partido en el poder, además de ganar la Presidencia, se concentra en tratar de ganar la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso; es decir, 333 curules de diputados y 96 bancas de senadores.

Con esa actitud triunfalista que siempre buscan proyectar, sienten la Presidencia en la bolsa y apuestan por el Congreso, para que no les pase lo del 2021 que, con todo y su presunción de “transformaciones” de casi tres años en el gobierno, perdieron varias ciudades capitales, la mitad de la Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En 2018 no lograron la mayoría en el Senado y han resentido y pretextado que eso les limitó llegar al fondo de las reformas que no han podido concretar ante el bloque opositor, y en otras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente del 2021 a la fecha.

Para el PRI resulta una situación inédita de la elección del 2024: Por primera vez en la historia política del estado el PRI llegará a los comicios sin tener diputados locales ni federales y con un solo ayuntamiento surgido sin alianzas de sus propias filas (Ímuris).

El PRI sonorense no ganó distritos federales de mayoría en el 2021, y de los locales ganó dos en la capital y le tocaron otros dos de representación proporcional. Pero dos (los de mayoría) se fueron a Morena y los otros dos a Movimiento Ciudadano, a muy alto costo y sin mayor razón que el cálculo y la ambición política, dejaron vacía la bancada tricolor de la LXIII Legislatura del Congreso y aunque les valga, la historia los juzgará.

El PRI y la coalición con el PAN y el PRD ganaron 18 municipios en el 2021, 4 el PAN, 1 el PRI, 2 Va por Sonora y 1 el PRD (Bacoachi). Por su parte, Morena ganó 23; el Partido del Trabajo 8; Nueva Alianza 2; Redes Sociales Progresistas 3; Movimiento Ciudadano 7 y se dieron 3 triunfos independientes: Magdalena, Nacozari y Cananea.

Pasado el tiempo y con las crisis de identidad, así como el agresivo plan del gobierno estatal para debilitar adversarios, Divisaderos se pasó del PRI a Movimiento Ciudadano, San Miguel de Horcasitas y Rosario Tesopaco (también del PRI) a Morena.

Morena cooptó para sí los tres ayuntamientos (Bácum, Quiriego, Sáric) que ganó el desaparecido partido RSP, sumó los dos que ganó el Panal (Huásabas y San Pedro de la Cueva), y a los ocho que ganó el Partido del Trabajo. Baviácora también se fue de Movimiento Ciudadano a Morena.

La mayoría de los que se han ido a Morena (excepción de San Miguel y Rosario) se han regresado, al fallar la operación política de los morenos y al no cumplirles lo que les prometieron de origen.

Algunos regidores que habían destacado en el PRI y que fueron candidatos, como Jorge Márquez en Navojoa y Anabel Acosta en Cajeme, se cambiaron a Morena. No se sabe hasta ahora del destino inmediato de Márquez, pero la regidora Acosta aparece ahora como candidata a la diputación federal por el Distrito 6. Igual Alma Higuera, que entró por el PRD y a medio período se fue a Morena, ahora aparece como candidata de este partido por el Distrito 7 federal.

Los tres ayuntamientos independientes (Magdalena, Cananea y Nacozari) hasta ahora no han dado color partidista y se presume que seguirán impulsando esa vía en el futuro inmediato, a pesar de que no les han faltado ofertas de parte de Morena para que engrosen sus filas.

Las cosas han cambiado en Sonora en relación a lo ocurrido en 2018 y 2021, por varias razones que se hace necesario enumerar.

La cacareada bandera de los 36 años perdidos en Sonora (1985-2021) en materia de gobierno estatal ha terminado por desgastarse y perder eco con la gente, ante la carencia de una oferta en obras y servicios que cuando menos iguale o supere lo hecho desde 1985 a la fecha (carretera de 4 carriles, presas, universidades, modernización de poblaciones, ampliación de los servicios públicos, etcétera). No hay tal hasta ahora.

Las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Claudia Pavlovich se han ido desinflando poco a poco ante las evidencias presentadas por los órganos superiores de control (el ISAF en lo local y la Auditoría Superior de la Federación en lo relativo a los recursos federales), que hasta ahora hablan solo de 70 millones pesos -en proceso de aclaración- de los más de 300 mil millones que se manejaron en el sexenio anterior.

La inseguridad se ha agravado en la entidad a pesar de tanta reforma hecha en el papel, pero tímidas ante los factores reales de poder.

La Guardia Nacional no ha funcionado en la entidad como sí lo hizo la antigua policía federal, y la población de Sonora actualmente se mantiene en ascuas constantemente, tanto en las ciudades como en las carreteras. Todos los días hay noticias sobre ajusticiamientos y crímenes.

Hay regiones de Sonora que de cinco años a la fecha están sometidas por el crimen organizado, y no tardará mucho para que en la entidad -de no corregir el rumbo- se vivan situaciones como las que se observan en Zacatecas, Guerrero y Michoacán, donde el crimen organizado ha desplazado a todos los niveles de autoridad.

Han faltado programas agresivos de vivienda y apoyos sociales firmes a la gente y para los gobiernos municipales, que en todos los ramos de la gestión pública e infraestructura observan crisis recurrentes.

No ha bastado con el sistema de despensas ni con el anuncio de las becas para paliar las necesidades y la pobreza. Falta hacer aún más que los llevados y traídos programas de justicia y mejoramiento de las etnias. Hay otros pobres también.

No ha alcanzado el discurso de la creación de nuevos empleos, cuyo mérito no es del gobierno estatal sino de los empresarios que están reponiendo los empleos perdidos por la pandemia, y las nuevas inversiones extranjeras producto del nearshoring en las fronteras.

Se han incrementado los casos de nepotismo en las administraciones públicas y han llegando a niveles inconcebibles en otros tiempos, al grado de tener a familiares directos en cargos públicos. Morena ha roto todas las reglas y han hecho trizas la legislación en la materia. Violentar la ley es como un día de campo para ellos, no les importa el estado de derecho.

Hasta ahora los 4T en México y en Sonora han desestimado el descontento social que se manifiesta a toda hora, en todo momento y por todos los medios; no ha bastado acusar conspiraciones de conservadores, la gente no está conforme con la 4T y lo expresa.

Hay insatisfacción social creciente con los gobiernos de Morena y eso necesariamente habrá de influir el próximo 2 de junio. Falta por analizar el impacto político de las candidaturas al Senado por Sonora y el movimiento del tablero político estatal que han propiciado. Ya lo veremos.

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